La CIDH lamentó hoy la muerte violenta de varios presos en un centro penitenciario de Caracas e hizo un llamamiento urgente al Estado para que adopte las medidas necesarias para evitar que se repitan tales hechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en un comunicado que el pasado día 9 se registraron fuertes enfrentamientos entre presos del Centro Penitenciario Metropolitano Yare I, en Caracas, que habrían resultado en la muerte de al menos 6 reclusos y 15 heridos.

La CIDH expresó su preocupación por los hechos, se solidarizó con las familias de las víctimas y recordó que las obligaciones estatales en materia de derechos humanos incluyen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los encarcelados.

Asimismo, la CIDH reiteró su preocupación por los altos índices de violencia en los centros penitenciarios venezolanos y por la tenencia de armas de fuego de grueso calibre por parte de organizaciones criminales dentro de varias prisiones.

En este sentido, reafirmó que los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas sujetas a su jurisdicción, deber que es más evidente al tratarse de personas privadas de libertad, sobre las que el Estado se encuentra en una posición de garante.

Esta obligación no solo se impone con relación al poder del Estado, sino también en lo que se refiere a las actuaciones de terceros particulares.

La CIDH urgió nuevamente a las autoridades venezolanas a adoptar las medidas idóneas destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios.

Desde hace varios años la Comisión ha venido dando seguimiento a la situación de las cárceles en Venezuela a través de distintos mecanismos, incluyendo casos contenciosos y medidas provisionales solicitadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo recordó al Estado que desde marzo de 2006 se encuentran vigentes medidas provisionales otorgadas por la Corte en las que este tribunal manifestó que los Estados están en la obligación de desplegar acciones inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como su derecho a la vida.

La Corte resolvió que el Estado tenía que adoptar “de forma inmediata las medidas necesarias para evitar en forma eficiente la violencia en la Cárcel de Yare”, de manera que no muera ni se afecte la integridad personal de ningún interno o de cualquier persona que se encuentre en dicho centro.

También otorgó medidas provisionales a favor de las personas privadas de la libertad en el Internado Judicial de Monagas (”La Pica”), el Centro Penitenciario de la región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), y el Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II.

Mediante su Resolución del 24 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana mantuvo la vigencia de estas medidas provisionales.

© EFE

El último y más grande favor que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia pueden hacerle al Gobierno es abandonar sus cargos para que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, designe a sus sustitutos para los próximos 12 años. De este modo, el chavismo aseguraría su hegemonía en la dirección del Poder Judicial.

Si ocurriese un cambio en la correlación de fuerzas en el Poder Legislativo después de la elección del 26 de septiembre, esto no alcanzaría para recuperar la independencia del sistema de administración de justicia.

La hipótesis del ex juez Juan Carlos Apitz se fundamenta en el contenido de la resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del 11 de marzo: “Los magistrados a quienes se les haya reconocido el beneficio de jubilación podrán continuar en sus cargos hasta que termine el período constitucional para el cual fueron designados o hasta que la Asamblea Nacional efectúe nuevas designaciones”.

“La jugada es perfecta, resumió Apitz. Los magistrados se van con una jugosa jubilación y dan paso a otros igual de serviles al presidente Hugo Chávez. Por mandato constitucional, los magistrados son designados por un período de 12 años. Tendríamos un Poder Judicial controlado por el chavismo hasta 2022″.

Sólo 9 años. Aunque no se señala en la resolución, basta que un magistrado tenga nueve años en el cargo para disfrutar de la jubilación. Para el mismo beneficio, cualquier venezolano debe trabajar de 25 a 30 años.

La magistrada Blanca Rosa Mármol de León, la única que salvó su voto frente a la resolución, considera odioso este privilegio.

Informó que ayer envió una comunicación a la junta directiva para manifestar su decisión de no jubilarse. Explicó que ni ella ni ningún otro magistrado podrían ser obligados a separarse de sus puestos.

Lo más grave, opinó, es que la mayoría de los magistrados pretende quedar al margen de la reforma de la Ley de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de Altos Funcionarios, que los perjudicaría con una rebaja cercana a 200% de su salario.

¿Y cuánto gana un magistrado? Los montos varían por antigüedad y funciones. La magistrada, por ejemplo, percibe después de 34 años de carrera 25.000 bolívares al mes. “Yo no creo que haya magistrados que ganen 62.000 bolívares mensuales como dicen por allí”, dijo

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El Ministerio Público citó en calidad de testigos al moderador, periodistas y productores del programa Aló Ciudadano: Leopoldo Castillo, Sheina Chang Montero, Andreína Fuenmayor, Mariana Reyes, Nexy Aldana, María Gabriela Puche y Rosa María Atencio.

Los citados deberán declarar en relación a la investigación por las declaraciones del ex gobernador del estado Zulia y ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz, según informó a través de un comunicado el Ministerio Público.

Este caso se inició tras la denuncia formulada ante el Ministerio Público, por los diputados de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba y Pedro Lander, el pasado martes 9 de marzo.

El próximo 15 de marzo acudirán el conductor del programa, Leopoldo Castillo y las comunicadoras Sheina Chang Montero y Andreína Fuenmayor, a las 8:30 y 9:30 am y 12:00 respectivamente. Ese mismo día comparecerán la periodista Mariana Reyes y los productores , quienes deberán comparecer el citado día, a las 10:30, 11:00 y 11:30 am y 12:30 pm.

El pasado lunes 08 de marzo, de acuerdo con la denuncia interpuesta por los parlamentarios, el dirigente político de oposición habría realizado varios señalamientos en contra del país, entre ellas que “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico”.

Los diputados denunciaron que las declaraciones de Álvarez Paz presuntamente constituían una instigación al odio en contra de las instituciones y los habitantes del país

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La presidenta de la Asamblea Nacional (AN), diputada Cilia Flores, solicitó a la Comisión de Política Interior un informe, para el martes 16 de este mes, sobre la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que otorga el beneficio de jubilación a los magistrados.

De acuerdo con informaciones publicadas por la prensa nacional, este miércoles, la Sala Plena del TSJ aprobó una resolución, de cinco artículos, que permite la jubilación de casi todos los magistrados.

Entre los requisitos para optar por el beneficio jubilación destacan: tener 9 años como magistrados, 20 años laborando en la administración pública o en el Poder Judicial y más de 50 años de edad.

Asimismo, se establece que los magistrados a los que se les haya reconocido el beneficio de jubilación podrán continuar en el ejercicio de sus cargos hasta que termine el período constitucional para el cual fueron designados o hasta que la AN efectúe las nuevas designaciones.

Al ser consultado sobre este tema, el diputado Carlos Escarrá expresó que de ser cierta la información “estaríamos evidentemente frente a una irregularidad”.

A su juicio, “los magistrados no pueden jubilarse con 10 años de servicio y menos aún jubilarse y luego continuar ejerciendo el cargo porque eso es contrario a todo el sistema de seguridad social”.

Agregó: “A título personal no estoy de acuerdo. Sería un mal mensaje para el país pues, de ser cierta la resolución, se estaría vulnerando el principio de la ética establecido en nuestra Constitución”.

Por lo pronto, dijo que es necesario esperar el informe de la Comisión Permanente de Política Interior que será presentado en la sesión ordinaria de la AN, este martes 16

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El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua, instaló este jueves 11 de marzo la reunión de seguimiento de la cooperación bilateral Venezuela-Belarús, a fin de fortalecer las relaciones e incrementar la colaboración en áreas fundamentales, y satisfacer de esta manera las necesidades básicas del pueblo.

El vicepresidente Jaua, ofreció la más cordial bienvenida en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez y el pueblo venezolano.

Igualmente agradeció la voluntad política demostrada, a lo largo de estos años, para afianzar la cooperación entre dos países que hace apenas tres años se desconocían.

“Hoy hemos logrado incrementar, en distintos frentes y con una gran profundidad, la cooperación en áreas que son fundamentales para la satisfacción de las necesidades básicas de nuestro pueblo” enfatizó.

“Consideramos que los esfuerzos de cooperación en materia energética, en materia de obras públicas, especialmente en construcción de viviendas, agricultura, industria y mecanización, ciencia y tecnología, educación y cultura, se convertirán en los pilares de un gran esfuerzo y hermanamiento entre nuestros países” reiteró.

Esta reunión se instaló con mesas de trabajo en las áreas antes mencionadas para hacer un seguimiento riguroso a cada uno de los convenios de cooperación y poder avanzar en “el cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto ambos gobiernos”.

Destacó que Belarús logró, a lo largo de su historia, un importante desarrollo en diversas áreas, desarrollos que comparten de manera generosa, con el pueblo venezolano y que comienza a verse en resultados concretos para la población, como viviendas, tractores, maquinarias, camiones de transporte, desarrollo científico y tecnológico en el área ganadera, entre otros.

El contenido del Reglamento Electoral N° 6 sigue dividiendo a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), especialmente en lo referido al método para normar la actuación de los funcionarios públicos que sean postulados como candidatos a la Asamblea Nacional y su participación en actos públicos y en la inauguración de obras de gobierno.

El rector Vicente Díaz, presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Poder Electoral, aspira a que el Reglamento Electoral N°6 contribuya a evitar el uso ilegal de recursos y bienes del Estado en las actividades de campaña y a garantizar la imparcialidad de las instituciones del Estado durante la campaña. La tesis de Díaz es que se incluyan taxativamente disposiciones que coloquen límites específicos a prácticas que ha denunciado en procesos anteriores como contrarias al equilibrio entre los contendientes de un proceso electoral.

Desde que asumió el cargo en 2006, el presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento ha denunciado -con escaso éxito- “el uso desequilibrado y ventajista de recursos públicos a favor de parcialidades políticas” por parte de Venezolana de Televisión y del presidente Hugo Chávez.

Sin embargo, el proyecto de Reglamento Electoral N° 6 que discuten los rectores del CNE apenas cuenta con 21 artículos, que en su mayoría reproducen el contenido de la Ley Orgánica de Procesos Electorales aprobada en julio de 2009 por los diputados del PSUV y del Partido Comunista. A juicio de Díaz y de los técnicos electorales de los partidos de oposición, la redacción del proyecto es imprecisa y no corrige las deficiencias en el control de la campaña que se ha denunciado en anteriores procesos.

Por ejemplo, los representantes de los partidos de oposición -según consta en una misiva entregada a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena- aspiran a que se prohíba y sancione el uso de las aeronaves y vehículos del Estado para movilizar a los candidatos y sus simpatizantes, el empleo de fondos públicos para financiar campañas proselitistas y evitar que los medios del Estado nieguen el acceso a ciertos candidatos. Además estiman pertinente que los rectores incluyan una disposición en la que se prohíba que los candidatos participen -durante el lapso de campaña- en actos de inauguración de obras públicas.

Sobre el rol desempeñado por los medios de comunicación del Estado, la oposición exige a los rectores del CNE que la norma de campaña “garantice el equilibrio en la inserción de cuñas de las distintas alianzas electorales que participen en los procesos electorales, en igualdad de condiciones, tiempo y horario” y que se prohíba la promoción de candidatos en los programas moderados por funcionarios públicos en los distintos medios de comunicación social.

La aprobación del Reglamento Electoral N° 6 estaba prevista para la semana pasada. No obstante, se pospuso una semana mientras los partidos de oposición consignaban por escrito sus observaciones. Al cierre de esta edición los rectores seguían evaluando el contenido del instrumento que debe servir para normar la campaña de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre y los próximos procesos comiciales.  EL UNIVERSAL

Según la consolidación de datos realizada por la Comisión Técnica Electoral para primarias (CTEP) de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a las seis de la tarde se habían inscrito para medirse en los 22 circuitos donde se escogerán 30 candidatos a la AN, casi un centenar de aspirantes, entre principales y suplentes.

A lo largo del día la CTEP fue recibiendo los recaudos. En principio el proceso debía cerrar a las seis de la tarde y se prorrogó hasta la medianoche. El equipo técnico tenía previsto anoche mismo revisar el lapso, en el entendido de que hubo solicitudes de prórroga, pero hasta el cierre de esta nota eso no se había decidido.

En el caso del estado Miranda la información aportada por María de Oteyza, secretaria ejecutiva de la CTEP, daba cuenta de que se inscribieron para el Circuito 2 (Chacao, El Hatillo, Baruta y Leoncio Martínez): Carlos Vecchio, María Corina Machado, Iván Simonovis, Alfredo Romero, Douglas León Natera, Ricardo Sánchez, Adriana Vigilanza, Ángel Medina y Cipriano Heredia.

Otros nueve aspirantes se inscribieron para competir en el Distrito Metropolitano en los circuitos 1 y 3. En el Circuito 1 (Catia, El Junquito, Sucre y La Pastora) se postularon: Pablo Medina, Iván Olivares, Franco Casella y José Quintero. Por el Circuito 3 (San Agustín, San Pedro, San José, San Bernardino, Candelaria y El Recreo): Lázaro Forero, Juan Carlos Apitz, Jesús Cabezas, Salvadora Guaraco y Juan Pablo López.

Para las primarias del estado Táchira, donde se llamó a primarias en los cinco circuitos, se habían postulado hasta las 6:00 p.m. nueve candidatos, entre ellos Gustavo Azócar, preso en la cárcel de Santa Ana, para competir por el Circuito 5. Contó con el respaldo de diez organizaciones.

En el caso de Anzoátegui, donde se llamó a primarias en el Circuito 1 (Guanipa, Monagas, Miranda, Independencia, Simón Rodríguez y Freites) y el Circuito 4 (Urbaneja, Sotillo y Guanta), se habían postulado 15 candidatos, pero se tenía previsto que la cifra subiera a 20 al terminar la jornada.

En Lara, donde se realizarán primarias en el Circuito 1 (Iribarren), se inscribieron ocho aspirantes. Mientras, en Portuguesa, se inscribieron 4 para el Circuito 1, dos en el Circuito 2, 7 personas en el Circuito 3 y 5 para el Circuito 4. Se esperaban aquí más postulaciones.

En Carabobo, donde también se llamó a primarias en los cinco circuitos que componen la entidad, se habían inscrito al final de la tarde veinte personas. Proyecto Venezuela inscribió en el Circuito 1 a Ylidio Abreu y Tulio Salvatierra, en el Circuito 2 a Levis Mendoza y Darwyn Rosales, en el Circuito 3 a Julio César Rivas y Gabriela Carrillo, en el Circuito 4 a Vestalia Sampedro y Belkis Ramos y en el Circuito 5 a Eduardo Pino, Julio Castillo, Noé Mujica, Amalia Vega, José Tabares y José Manuel González.

Por el otro grupo se inscribieron para el Circuito 3 (Naguanagua, San Diego y parte de Valencia) Miguel Cocchiola y Francisco Soteldo.EL UNIVERSAL

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, anunció este miércoles la homologación de los sueldos de los médicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El anuncio lo hizo durante la celebración del Día Nacional del Médico en el Teatro Municipal de Caracas, donde precisó que esta homologación se hará efectiva con retroactivos desde el primero de marzo, con lo cual los profesionales de la salud pública devengarán el mismo salario e igual cantidad de beneficios.

“Para que haya igualdad. A igual trabajo igual salario”, enfatizó Chávez, y destacó que los recursos para ello provendrán del Fondo Miranda, alimentado por los dividendos de diversas empresas del Estado.

Son en total 590 mil 554 millones de bolívares aprobados por el jefe de Estado para que esta medida entre vigor, de acuerdo con los datos que ofreció.

El Presidente agregó que luego de esta homologación, se tiene previsto el incremento del salario a estos profesionales, lo cual calificó como un justo reclamo, al tiempo que precisó que el mismo será de 40%.

“Anoche estábamos discutiendo, revisando cifras y sacando cuentas”, dijo.

Destacó que hay que luchar para que los salarios no se queden rezagados y en este sentido subrayó que el Ejecutivo está luchando duro contra la inflación.

Señaló como ejemplo que en el mes de febrero este factor fue menor que en enero.

“Estamos tomando una serie de medidas para frenar la inflación. En Venezuela hay una inflación, cuyo principal factor de impulso es la especulación”, asestó.

Chávez exhortó a a los galenos a impulsar y fortalecer la nueva tendencia en la medicina venezolana, nacida con el proceso de cambios que se vive en el país, la cual está basada en lo social y cargado de valores humanistas y socialistas.

“Es tiempo hoy en Venezuela del brotar de los valores del humanismo. Hay que retomar el verdadero camino de la medicina social. Vamos todos a impulsar la conciencia, el amor, la fraternidad, la solidaridad y alejarnos del egoísmo”, aseveró.

También consideró importante en los tiempos actuales darle sentido social y comunitario a esta profesión, a la que definió como un verdadero apostolado y un acto de amor.

Una de las aspirantes a diputada por la oposición, María Corina Machado, hizo oficial su inscripción al tiempo que aplaudió el apoyo invalorable de las organizaciones civiles y de los partidos políticos en la consolidación de la unidad.

Para este miércoles está previsto que otros siete dirigentes de la disidencia acudan a presentar su postulación a las primarias.

Asimismo, en el PSUV hoy también estará culminando el proceso de inscripciones de participantes en el proceso de primarias.

Uno de los postulantes por el partido de gobierno es el actual diputado Calixto Ortega quien espera repetir por tercer período en el cargo. Asegura tener “una reconocida trayectoria dentro del Parlamento”.

Dijo que “las primarias son un ejemplo de democracia, de participación y de inclusión cuando cualquier militante se puede postular por los circuitos y prepararse para, en términos fraternales, dirimir internamente el próximo 16 de mayo”. UR

Luego de haber sido detectadas cuatro toneladas de azúcar, equivalente a 80 mil sacos, sin guía de movilización, fue dictada una medida de ocupación temporal por 90 días por parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio al Central Azucarero Santa Elena, para garantizar que todo el producto procesado en esta planta se dirija a los puntos de distribución.

La medida se produjo como resultado de una visita realizada por el titular de la cartera de Comercio, Richard Canán, en compañía del gobernador de la entidad, Wilmar Castro Soteldo, el superintendente del SADA, Carlos Osorio, y representantes de los consejos comunales de la entidad a las instalaciones del central, ubicado en el municipio Agua Blanca, del estado Portuguesa.

A la par de esta sanción, se dictó una medida de ocupación temporal al Central Azucarero Santa Clara, en la misma entidad, para obligar a la salida del producto retenido en los galpones de estas procesadoras.

Esta acción –indicó- forma parte de un procedimiento de inspección que se realiza este martes en los 15 centrales azucareros y 107 empaquetadoras de azúcar de todo el territorio nacional, para garantizar el abastecimiento de este rubro a la población.

Tras la medida –detalló- se instalará en las centrales de Santa Elena y Santa Clara la Contraloría Social, integrada por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), SADA, trabajadores y representantes de los consejos comunales, para asegurar la distribución del producto.

Durante un recorrido por las instalaciones, comentó que en las últimas intervenciones realizadas a intermediarios y puntos de expendio del producto a los canales informales, los sacos decomisados corresponden a las centrales Santa Elena y Santa Clara.

En función de esto, ratificó que se está enfrentando a los especuladores que desvían el producto de las cadenas regulares de comercialización, para ser puesto en el mercado informal.

Para esta zafra la producción de azúcar se ubicará por encima de 200 mil toneladas, por lo que manifestó que no existen razones para que se produzca un desabastecimiento del producto en el país.

Indica que la alcaldesa de Iribarren, Amalia Sáez, deseaba la aprobación con premura, mientras una parte del Consejo Municipal, aspiraba un diálogo pues se ven afectadas 23 empresas de la zona que pagan impuestos a la alcaldía y al gobierno nacional.

Explica que la decisión fue tomada “a priori”, pues se estimaba reunión de los doce concejales para este miércoles, pero una cantidad de funcionarios quedó en la cámara haciendo uso de suplentes para declarar de utilidad pública del terreno.

El funcionario relata que entre siete y ocho de la noche, seis concejales con una suplente decidieron aprobar la medida, obviando la opinión de los seis principales que componen la cámara. Destaca que fue un proceso “irregular” pues se incorporó personal suplente sin consultar a los principales.

Indica que aunque no se oponen a la autoridad pública, aspiraban un proceso legal que sustanciara el acuerdo y no fuese vulnerable “a demandas a futuro”.

El concejal explica que esperaban el diálogo entre los trabajadores, habitantes de la zona y autoridades, pues esta decisión afectaría a la comunidad.

La presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales insiste que los ciudadanos sometidos a proceso judicial y con sentencia firme “están impedidos” de postularse a escaños políticos.  Avaló las pasadas declaraciones que emitiera la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz sobre el impedimento de los presos políticos a postularse para cargos públicos Aunque destacó que ostenta el cargo de magistrada de la Sala Constitucional y no del ámbito penal. Morales avaló las pasadas declaraciones que emitiera su homóloga de la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz sobre las postulaciones a cargos públicos de los presos políticos. UR

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, ofreció las palabras de apertura del Inventario de Operaciones Estadísticas, que se realizó este martes 9 de marzo en la sede del máximo juzgado del país. 

Este programa, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sistematiza las operaciones estadísticas generadas por el Estado venezolano.

En su discurso, la presidenta del TSJ, resaltó la importancia del establecimiento, gracias a este sistema, del costo por sentencia para racionalizar la inversión en el Poder Judicial, así lo reseñó la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

“Si medimos el costo de la sentencia en relación con la producción en el caso de materias que conoce la Sala Social del TSJ (laboral, agrario; niños, niñas y adolescentes), nos daremos cuenta que resulta no solamente racional sino que tiende a ser un costo absolutamente bajo en comparación con otras materias”, expresó.

Añadió que, por el contrario,”si llegásemos a medir materias que no tienen ninguna incidencia en lo social ni en el elemento transformador del grupo, y los costos de la sentencia son mucho más altos, nos vemos obligados a una revisión de la estructura misma del TSJ”.

Resaltó que por estas razones la estadística es para el Poder Judicial uno de los elementos que le permiten ganar efectividad en la administración y tener resultados positivos en la reducción de la carga de trabajo, en el índice de congestión por casos resueltos y en el número de sentencias generadas. UR

El ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán, que se ha estado reuniendo con el equipo del Instituto Nacional para la Defensa de los Usuarios en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) y la Superintendencia Nacional de Silos (Sada), para fiscalizar todo lo relacionado a los centros de acopio y distribución de alimentos.

Reiteró el ministro que la máxima fiscalización se encuentra en los alimentos de extrema prioridad para la dieta de los venezolanos.

Informó el ministro Canán, que todo este procedimiento se realiza motivado a que partir de este martes 9 de marzo, se incorpora una nueva estructura de precios en los costos.

“El Gobierno Bolivariano se ha mantenido en los últimos años en una política de revisión de los precios que están bajo objeto de regulación, a los fines de proteger a los consumidores de los especuladores” enfatizó.

Este 9 de marzo saldrá publicado en Gaceta Oficial los nuevos precios del arroz blanco, azúcar y pollo.

Es importante destacar que el precio del pollo será de Bs F 11,31; el arroz Bs. F 3,76 y el azúcar tendrá un precio de Bs F 3,73.

En cuatro bloques de trabajo se dividirá el cronograma de discusión que iniciará el debate con el fortalecimiento del Poder Popular, con la Ley de Contraloría Social, Planificación Pública y la Ley de las Comunas, entre otras.

Así lo expresó el diputado de la AN, Ulises Daal, durante la tarde de este lunes.

“El Parlamentarismo Social de Calle 2010 que ya no se suscribe solamente a la consulta, sino que tiene que ver con el aspecto divulgativo, organizativo, incluso combativo de la estructura orgánica que se inició con al abanderamiento, a nivel nacional, de casi 900 personas. Bajo esa estructura se va a realizar a nivel nacional, regional, parroquial, municipal, y en los espacios comunales”.

La Ley para el Desarme, el Sistema Eléctrico Nacional y de Titularidad de Tierras, serán algunas de las tratadas en el segundo bloque de trabajo restante.

Seis mega sesiones de parlamentarismo social de calle se realizarán a nivel nacional para continuar con la discusión en los bloques 3 y 4 que desarrollan la leyes enmarcadas en la eficiencia de los servicios públicos y del impulso del modelo productivo socialista.

Fuente: RNV

A un día de cerrar el proceso de inscripción de candidaturas a las primarias organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática, en los ocho estados donde habrá elecciones de base ­Anzoátegui, Carabobo, Miranda, Lara, Táchira, Portuguesa, Zulia y Distrito Capital­ se registran diferencias entre los dirigentes de los partidos y se irrespetan los acuerdos firmados en diciembre pasado, lo que ha dado paso a conflictos, siendo uno de los más fuertes el registrado el domingo en Carabobo.

Algunos de los representantes de partidos se oponen a que los precandidatos se postulen con sus respectivos suplentes en llave, aunque así se estableció en el reglamento de primarias. En cambio, proponen que el precandidato que obtenga el segundo lugar asuma el cargo de suplente. Otro desacuerdo es que algunos sectores proponen ahora, en contraposición al acuerdo aprobado, que los postulados en la lista de la Mesa de la Unidad sean también elegidos por primarias y no por los partidos (por consenso). Y, en tercer lugar, proponen retomar la iniciativa de la tarjeta única para postular a todos los representantes de la unidad, lo que se suponía que ya era un punto superado. En algunos estados, en cambio, rechazan el esquema de primarias y prefieren que todo se haga por consenso.

El secretario general de AD, Henry Ramos, rechazó los sucesos violentos de Carabobo.

Criticó la actuación de Proyecto Venezuela y lo que consideró la “monarquía de los Salas Römer” en la entidad. “No es posible que representantes de la comisión nacional de las primarias tuvieran que ir a Valencia, debido a que la mesa regional denunció censura por parte del Gobierno regional. Esto no es democrático.

Se irrespetan los acuerdos. Es bochornoso que sectores allegados a la gobernación irrumpieran en la reunión para lograr que terminara. Me refiero a un sector de estudiantes que no estudian y a asalariados de la gobernación”, dijo.

Ramón José Medina, presidente de la Comisión de Primarias, señaló que en todos los estados se han manifestado diferencias, pero considera que es normal en vista de que todos los partidos defiendes sus intereses.

Medina señaló que se encuentran en situación crítica Portuguesa y Carabobo, donde ni siquiera se pudieron juramentar las comisiones técnicas en vista del conflicto entre dirigentes. “Si en esos estados no logran dialogar, nos veremos obligados a designar a los representantes electorales; los lapsos están corriendo”.

Por su parte, Emir Guzmán, el joven que resultó herido en el rostro al recibir un golpe contra sus lentes, en la trifulca de este domingo en Valencia, presentó ayer una denuncia formal en la Fiscalía contra el movimiento JAVU, por las agresiones recibidas. El líder de JAVU, Julio César Rivas, desmintió las versiones que lo acusan de haber originado el conflicto. Culpó de la situación al alcalde de San Diego, Enzo Scarano, de quien dijo que está apadrinado por cogollos de Caracas.

Ayer, los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática de Táchira negaron que se hubiera roto la unidad, tal como circuló extraoficialmente.

“La información sobre la ruptura de la unidad en el Táchira no es tal. Que se dieron diferencias, criterios dispares en una reunión plenaria es cierto, pero al fin y al cabo estamos conscientes de que prive la necesidad del diálogo”, dijo la coordinadora ejecutiva de la UDT, Amalia Medina.

La lista y sus postulados son la piedra de tranca. Unos consideran que es necesario someterla a primarias, otros la reclaman para ellos arguyendo el acuerdo político nacional. Por ejemplo, Gustavo Azócar aspira a ir de primero en la lista, pero Copei tiene otro candidato.

El secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, presenció los conflictos en Carabobo el domingo pasado.

“Fue un hecho deplorable que no debe ser magnificado y ya tomamos las medidas necesarias para que esto no se repita”, indicó. Para Guanipa este hecho no hace mella en la Mesa de la Unidad, que “no va a entrar en crisis por hechos aislados como estos”.

Fuente: EN

Para Luis Vicente León, responsable de la consultora Datanálisis, la inseguridad, sumada a la crisis eléctrica que atraviesa el país, la inflación y el desabastecimiento, han contribuido a mermar en los últimos meses la popularidad de Chávez, que por primera vez en años estaría por debajo del 50%.

“La inseguridad no se conecta tan directamente a Chávez como ocurre en el tema eléctrico, donde el costo político es directo y pleno, pero este blindaje no va a durar mucho tiempo”, advirtió.

“Sin embargo, muchos venezolanos consideran que el problema de la violencia no se puede resolver y eso hace que el costo de la inacción gubernamental sea menor, mientras que otros problemas, como la crisis eléctrica, generan expectativas de solución superiores”, dijo.

Desde hace varios años, el gobierno venezolano no da cifras globales de violencia pero según datos extraoficiales, en 2009 fueron asesinadas 16.047 personas en el país frente a las 14.800 de 2008 y las 4.500 de 1998.

Sólo en la capital venezolana se registraron el año pasado 140 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 por cada 100.000 habitantes de Bogotá.

“Chávez tiene la idea de que su revolución debe quebrar estructuras y sigue entendiendo que la violencia es también una lucha de clases, un conflicto de pobres contra ricos. Pero en Venezuela, lo que hay son pobres matando pobres”, declaró a la AFP Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), organización que suministra cifras sobre inseguridad.

“En este momento, la gente en Venezuela no tiene razones para no robar o no asaltar y el gobierno cree que ocultando las cifras puede crear una sensación ilusoria de seguridad”, denunció.

Según el OVV, en los últimos tres años habrían quedado sin castigo más del 91% de los asesinatos.

Mientras que en 1998 se arrestaron a 5.017 personas en relación con 4.500 homicidios, en 2009 se detuvieron a 1.491 personas para más de 16.000 homicidios.

“Consideramos que parte de la batalla contra la delincuencia tiene que ver con la lucha contra la impunidad, que impacta negativamente sobre la seguridad de las personas, y sobre la confianza en el sistema de justicia”, admitió recientemente el director de Prevención del delito del ministerio de Interior, Edwin Rojas.

Fuentes cercanas al gobierno reconocen que esta cuestión es uno de los factores que ha mermado la popularidad de Chávez en los últimos meses, lo cual representa una amenaza de cara a las elecciones legislativas de septiembre, en las que el partido del mandatario aspira a conquistar dos tercios del Parlamento.

En los últimos meses, el gobierno ha incentivado su lucha contra la inseguridad, incrementó la presencia de las fuerzas de seguridad y creó la policía nacional. Recientemente, el propio presidente, quien evitó referirse a la violencia durante mucho tiempo, reconoció incluso que era “una amenaza para la revolución bolivariana”.

“Tenemos que organizarnos mucho mejor para derrotar el crimen, para prevenirlo primero y, cuando haga falta, usar la fuerza”, explicó Chávez.

Pero según Briceño-León, uno de los errores del gobierno ha sido “politizar la policía”.

“Se califica a la policía nacional de socialista y bolivariana. Esto la hace perder legitimidad y fuerza”, afirmó, subrayando que a esto se une que los funcionarios policiales están muy mal pagados, lo cual hace aumentar la corrupción.

AFP

“En primer lugar debo decir categóricamente que en Venezuela no conozco ningún preso político, si yo los conociese pudiese opinar, pero no los conozco, no se, no tengo conocimiento de presos políticos en Venezuela”, sentenció la presidenta del TSJ.

La magistrada luego reconoció que “tratándose de personas que están siendo procesadas por los tribunales ordinarios, no nos está dado adelantar opinión, deben ser procesados por los tribunales ordinarios, como cualquier persona que haya incurrido en ilícito o en delito”.

Luisa Estela Morales señaló además que hasta el momento, el poder judicial no conoce de ninguna solicitud de información por parte de la justicia española. “El poder judicial venezolano, no conoce oficialmente ningún tipo de requerimiento, ni de auto que haya ingresado al país por los canales regulares, con la finalidad de procesar ningún tipo de acción, en el momento que lo conozcamos nosotros pudiésemos opinar”.

Informó además que la extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez ya fue solicitada por el Ministerio Público, se está desarrollando el procedimiento y apuntñó que el tribunal se pronunciará sobre el caso próximamente

Fuente: UR

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, advirtió este lunes que hay rumores de que en el próximo directorio del Consejo Nacional Electoral, los rectores podrían suspender las elecciones al Parlamento Latinoamericano, e incluso a la Asamblea Nacional.

“Hay rumores de que pueden eliminar las elecciones al Parlatino (…) y cuidado si a lo mejor se les ocurre suspender las elecciones para la Asamblea Nacional”, afirmó el dirigente político.

Añadió que “al gobierno no le conviene que quede demostrado su minoría frente a los votos de la oposición con el sistema proporcional, sin la distorsión del sistema nominal”, afirmó el dirigente de la Mesa de la Unidad

Fuente: EN

Venezuela observa con “preocupación” y “molestia” la “agenda unilateral de mediación” emprendida por el presidente dominicano Leonel Fernández con el objetivo de resolver las diferencias entre Caracas y Bogotá, informó una fuente diplomática venezolana a la AFP.

“Leonel Fernández emprendió una agenda unilateral de mediación. No fuimos consultados sobre ello ni hemos dado ningún visto bueno”, declaró este lunes esta fuente bajo anonimato, explicando que se iba a enviar a las autoridades dominicanas una nota oficial manifestando este malestar.

En febrero, en la cumbre del Grupo de Río en Cancún (México), los presidentes venezolano, Hugo Chávez, y colombiano Álvaro Uribe tuvieron un fuerte enfrentamiento verbal, que derivó en la decisión de nombrar un grupo de países amigos y a Fernández como mediador para recomponer las relaciones.

El pasado viernes, el mandatario dominicano se reunió con el presidente colombiano Alvaro Uribe y expresó su optimismo ante un posible restablecimiento pleno de las relaciones entre Bogotá y Caracas.

“En Cancún quedamos pendientes de que se nos consultara sobre este tema pero no se ha conversado desde entonces sobre la mediación, ni hubo ningún acuerdo para que él viniera o no viniera a Caracas”, declaró esta fuente diplomática en Caracas.

El sábado, Fernández anunció que preveía encontrarse el lunes en Santo Domingo con el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro.

“Nicolás Maduro no viajó a Santo Domingo por esta razón (…) Hay una molestia y una preocupación por el inicio de esta agenda inconsulta y vamos a evaluar la situación”, agregaron estas fuentes.

Venezuela decidió congelar en julio de 2009 sus relaciones con Colombia debido a un acuerdo militar entre Bogotá y Washington que permite a las tropas estadounidenses operar controladamente en siete bases militares del país sudamericano.

Chávez considera este acuerdo como una “amenaza” para Venezuela y toda la región

Venezuela observa con “preocupación” y “molestia” la “agenda unilateral de mediación” emprendida por el presidente dominicano Leonel Fernández con el objetivo de resolver las diferencias entre Caracas y Bogotá, informó una fuente diplomática venezolana a la AFP.

“Leonel Fernández emprendió una agenda unilateral de mediación. No fuimos consultados sobre ello ni hemos dado ningún visto bueno”, declaró este lunes esta fuente bajo anonimato, explicando que se iba a enviar a las autoridades dominicanas una nota oficial manifestando este malestar.

En febrero, en la cumbre del Grupo de Río en Cancún (México), los presidentes venezolano, Hugo Chávez, y colombiano Álvaro Uribe tuvieron un fuerte enfrentamiento verbal, que derivó en la decisión de nombrar un grupo de países amigos y a Fernández como mediador para recomponer las relaciones.

El pasado viernes, el mandatario dominicano se reunió con el presidente colombiano Alvaro Uribe y expresó su optimismo ante un posible restablecimiento pleno de las relaciones entre Bogotá y Caracas.

“En Cancún quedamos pendientes de que se nos consultara sobre este tema pero no se ha conversado desde entonces sobre la mediación, ni hubo ningún acuerdo para que él viniera o no viniera a Caracas”, declaró esta fuente diplomática en Caracas.

El sábado, Fernández anunció que preveía encontrarse el lunes en Santo Domingo con el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro.

“Nicolás Maduro no viajó a Santo Domingo por esta razón (…) Hay una molestia y una preocupación por el inicio de esta agenda inconsulta y vamos a evaluar la situación”, agregaron estas fuentes.

Venezuela decidió congelar en julio de 2009 sus relaciones con Colombia debido a un acuerdo militar entre Bogotá y Washington que permite a las tropas estadounidenses operar controladamente en siete bases militares del país sudamericano.

Chávez considera este acuerdo como una “amenaza” para Venezuela y toda la región

Fuente: AFP