Por inocentes cayeron los diputados opositores cuando el oficialista Ulises Daal, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, sacó bajo la manga otras dos nuevas leyes para incorporarlas a la orden del día y aprobarlas con premura. Se trata de la reforma a la ley de Consejos Locales de Planificación y Políticas Públicas, y la reforma a la ley de Consejos Estadales de Planificación y Políticas Públicas que, según explicó el parlamentario, persiguen adaptarlas al plan nacional de planificación en el marco de la instauración del socialismo incorporando a miembros de las comunas y consejos comunales.
La diputada Pastora Medina, en nombre del Frente Popular Humanista, no solo votó en contra de estas dos reformas, sino que rechazó la forma “pirata” como fueron incorporadas sin haberse distribuido el proyecto. Posteriormente, Simón Calzadilla, en representación de Patria Para Todos (PPT), pidió el diferimiento por haber recibido un documento sin exposición de motivos, sin membrete de la comisión que elaboró el proyecto y sin la firma de ningún diputado. Darío Vivas, quien presidía la sesión, lo mandó revisar el sistema automatizado y, una vez que Calazadilla confirmó que tampoco estaba, Vivas simplemente le gritó que estaba fuera de orden y le impidió intervenir.
Los diputados de Podemos Juan José Molina y Hermes García precisaron que se estaban violando los artículos 104 y 106 del Reglamento de Interior y Debates, al presentar un proyecto sin exposición de motivos y por lo tanto debía ser diferido. Acto seguido, el presidente encargado sometió a votación el diferimiento que evidentemente fue negado por la mayoría chavista. El oficialismo estrenó la reforma al Reglamento que le permitió debatir un proyecto sin que hubiesen pasado 24 horas de la incorporación en cuenta.
Estas dos reformas se aprobaron en primera discusión, como también se aprobó la segunda discusión de la reforma a la ley Sobre el Delito de Contrabando, que establece penas de 10 a 14 años a quienes saquen ilegalmente petróleo y combustible del territorio nacional y entre cinco a nueve años a los funcionarios que dispongan de mercancía incautada. Otra ley que obtuvo el visto bueno definitivo fue la de Gestión Integral de la Basura, que prohíbe el vertedero de desechos a cielo abierto y ordena a los Gobiernos locales presentar planes en su circunscripción en un lapso de 180 días. La ley de Transferencia del Proceso de Transferencia de Competencias y Servicios de los Estados y Municipios al Poder Popular, que transfiere casi todas las funciones de las gobernaciones y alcaldías a las comunas, fue diferida para la sesión que se realizará hoy.
Ley anti Wikileaks
Por solicitud del diputado Saúl Ortega, la segunda discusión de la reforma a la ley Orgánica de Servicio Exterior fue diferida para la próxima sesión. Alcanzó a ser aprobado el artículo 22, que prohíbe a los funcionarios de servicios exterior divulgar por un periodo de 30 años cualquier tipo de información obtenida durante el ejercicio de sus funciones, y en caso de hacerlo podrían ser acusados de traición a la patria.
Más de 600 millones
La Asamblea Nacional aprobó ayer 671 millones de bolívares en cuatro créditos adicionales para honrar pagos pendientes a dependencias del Ministerio de Interior Justicias, Ministerio de la Mujer y para el Gobierno del Distrito Capital.
