El presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, comentó en su cuenta en Twitter que lamenta que la “nueva Ley (de bancos) no fuese el resultado de un consenso nacional, al tiempo que recalcó que ante la aprobación en segunda discusión del estamento legal, se obliga “una vez más a reinventarnos”.

El banquero dijo: No pude dejar de una lado “el compromiso” de la banca “con el país, de trabajar y luchar por la prosperidad, orientando al fortalecimiento del aparato productivo”.

Con respecto al año próximo, Escotet dijo que confían que “en el 2011 reactivaremos el diálogo con las autoridades para impulsar los planes que nos conduzcan a la reactivación económica”.

Los comentarios son alusivos a la aprobación de la nueva Ley de Bancos que en horas de la madrugada aprobó la Asamblea Nacional, con el voto salvado del partido Podemos, que en palabras de Ismael García, ya para terminar la segunda discusión, mencionó que con el nuevo estamento legal se estaría controlando las instituciones financieras para lograr, de manera discrecional, la estatización del sector cuando lo disponga el Ejecutivo.

La bancada de diputados que al hacer frente a la representación de Chávez Frías en el seno de la Asamblea Nacional, manifestó que no se analizaron con profundidad más de 200 artículos y disposiciones transitorias de la normativa aprobada.

SE JUEGA A LA SEMIESTATIZACIÓN DE LA BANCA
Por su parte, el presidente del Banco Venezolano de Crédito, Oscar García Mendoza, manifestó al ser consultado por el diario 2001 que, el nuevo estamento legal de la Asamblea Nacional, representa una semiestatización de la banca privada.

Lo cierto del caso, es que la Ley declara a la banca como un “servicio público” y los bienes relacionados con el sector de “utilidad pública”, lo que el diputado opositor Juan José Molina calificó como un “primer paso” hacia la nacionalización de ese importante sector de la economía.
“Declarar el sector financiero como un servicio y de utilidad pública es sinónimo de una nacionalización disfrazada a la banca”.

Por otra parte, vale destacar que el artículo 8 de la recién Ley aprobada, estipula que “el presidente de la República en Consejo de Ministros podrá acordar la intervención, liquidación o cualquier otra medida que estime necesarias sobre las instituciones del sector bancario, así como sobre sus empresas relacionadas o vinculadas de acuerdo a los términos de la presente Ley”.

Dijo que declarar como un servicio público y en disposición del Ejecutivo el sector bancario, se traduce sin duda en una nacionalización latente de cualquier institución financiera.

Mencionó antes de ser sancionada la Ley, no hubo consulta abierta a los sectores que hacen vida dentro del sector bancario, por lo que considera que el instrumento legal no está ajustada a derecho, de acuerdo a los basamentos legales de la Constitución. 2001