La petición presidencial de poderes especiales para legislar vía decreto ha disparado las alarmas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que expresó su preocupación por la duración y amplitud de los mismos y por las implicaciones que para las garantías fundamentales de los venezolanos puede traer; y, por ello, sugirió reformar la Constitución para limitar su cesión.

“La protección de los Derechos Humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías para asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona”, afirmó la instancia, la cual agregó: “Al permitirse delegaciones legislativas en términos demasiado amplios, que puedan incluso referirse a materias penales, se afecta el principio de legalidad necesario para realizar restricciones a los derechos humanos”.

En un comunicado suscrito también por la relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, el organismo criticó las recurrentes peticiones de leyes habilitantes por parte del Gobierno y la rapidez con la que el Parlamento se las aprueba. “La frecuente concentración de las funciones ejecutiva y legislativa en un solo poder sin que la Constitución y la Ley Habilitante establezcan los límites y controles adecuados, permite la interferencia en la esfera de los derechos y libertades”, alertó.

La CIDH, en su comunicado, hizo un llamado a las autoridades para que modifiquen el artículo 203 de la Constitución y así limitar la duración y temas que el Parlamento puede dejar en manos del Gobierno para su regulación.

La norma antes citada reza: “Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio”.

La CIDH también expresó su preocupación porque los diputados estén dispuestos a permitirle al presidente Hugo Chávez legislar en materia de medios y por las propuestas para modificar las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, con el fin de regular Internet.

“La iniciativa sanciona a los intermediarios (páginas web) por discursos producidos por terceros a través de normas ambiguas (generar zozobra o llamar al desconocimiento de las autoridades), bajo supuestos que la ley no define y sin que exista en la norma garantías elementales de debido proceso. Ello implicaría una seria restricción a la libertad de expresión”, concluyó. El Universal