Proceso constituyente y pueblos indígenas en Chile





Hace un año, esta semana, el llamado Acuerdo de Paz fue firmado por casi todos los partidos políticos en el Congreso y trazó el camino constitucional actual que recorre Chile. Es importante señalar que este Acuerdo fue producto de las masivas movilizaciones que se han producido en todo el país desde octubre de 2019.





El Acuerdo estableció que se celebraría un referéndum para consultar a los ciudadanos si optaban por derogar la actual constitución, impuesta por la dictadura, o no. También se deberían decidir dos opciones si la alternativa a cambiar la constitución actual tuviera éxito: mediante una convención constitucional (elegida íntegramente por voto popular); y una convención mixta (la mitad compuesta por parlamentarios y la otra elegida por los ciudadanos).

Las opciones triunfaron en gran medida: cambiar la constitución de Pinochet mediante una convención constitucional. Para ello se aseguró la paridad de género, pero no se reservaron escaños para los pueblos indígenas.

La semana pasada se suspendió nuevamente la discusión sobre los escaños reservados a los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Esto ha causado problemas políticos, ya que el mismo día que se pospuso la votación de los escaños reservados, el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado -el tercero desde el inicio del gobierno de Sebastián Piñera- viajó con el presidente Sebastián Piñera a la región. Araucanía, en el sur del país.

La visita oficial buscó una vez más utilizar el conflicto centenario entre el Estado chileno y el pueblo mapuche como contexto para demostrar la fuerza y ​​el control que ha perdido vergonzosamente desde el levantamiento de octubre pasado.

Esta situación puede parecer, a priori, como de costumbre, o incluso lógica en términos de procedimientos parlamentarios o gubernamentales. Sin embargo, representa las últimas expresiones de una relación colonial que el Estado ha establecido con los pueblos indígenas.

Un imaginario establecido desde la consolidación territorial de Chile como país y en el que nunca se consideró la presencia, y mucho menos la influencia, de los pueblos indígenas que, eventualmente, fueron fagocitados por la idea de un estado para una nación. El estado uninacional, unicultural y asimilacionista del siglo XIX aún persiste, sin haber cambiado de sustancia.





Es una relación asimétrica de dominación con manifestaciones concretas, una naturalización de las jerarquías territoriales, raciales y epistémicas en términos de la institucionalidad del país. Esta situación tiene su expresión política en la falta de experiencias sistemáticas de participación indígena en la vida política del país. Un análisis de las autoridades nominadas o electas en el país desde 1990 hasta la actualidad muestra que la presencia indígena en cargos importantes es marginal, con pocas y ocasionales excepciones.

Por tanto, las sucesivas suspensiones de votaciones en escaños reservados a los pueblos indígenas no son de extrañar. Esta actitud no solo responde a los relatos coyunturales y electorales de los parlamentarios, sino que también es expresión de una continuidad en cuanto a la forma de relacionarse con los pueblos indígenas que están constantemente relegados a posiciones secundarias, simbólicas y sin impacto real.

Esto, a pesar de que, según el último censo de 2017, el 12,8% de la población se identifica como miembro de algunos pueblos originarios existentes en el país. Aun así, nunca fueron reconocidos constitucionalmente.

Este punto de inflexión en el debate constitucional debe ser una oportunidad, no solo para el reconocimiento tardío de los pueblos indígenas, sino, como han propuesto varias organizaciones indígenas, para debatir el reconocimiento de Chile como Estado plurinacional.

Una forma de contribuir a esto, pero no obviamente la única, es aprobar y asegurar la participación de los diez pueblos indígenas del país a través de asientos reservados.

Por ahora, esta discusión está estancada. A pesar de que, el 30 de octubre, la comisión constitucional del Senado aprobó la propuesta de la oposición de crear 24 escaños reservados que se sumarían a las 155 convenciones generales aprobadas en el plebiscito de octubre. Para que la propuesta sea aprobada se necesitan 26 votos, pero la oposición solo tiene 24.

Queda por ver cuál será el resultado. Si se alcanzan los votos necesarios, o si la oposición cede a las demandas de la coalición gobernante cuyos líderes utilizan argumentos falaces, como el presidente de la UDI (partido de derecha y oficial) que dice que si se dan cuotas a los pueblos indígenas, también deben ser entregado a la iglesia evangélica.

Esta mirada colonialista y racista, sin duda, desconoce la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos originarios por la expropiación a la que fueron sometidos. Esta visión también ignora que son naciones diferentes, sujetas a derechos colectivos reconocidos por el derecho internacional.

Hay voces disonantes de otras organizaciones, particularmente mapuche, que no están de acuerdo con alguna de las propuestas. Afirman que no necesitan ser reconocidos por el Estado y que no participan del proceso constituyente porque no lo entienden como una nueva forma de asimilación, ya que no se considera la autonomía. Estas facciones dicen que continuarán su lucha en sus territorios del sur.

Hay varios aspectos del proceso que pueden criticarse. Como el hecho de que el plebiscito se votó sin haber establecido previamente los detalles de los escaños reservados, la falta de participación de algunas organizaciones en el debate, o incluso los cálculos electorales que los partidos políticos están haciendo estratégicamente.

Pero, por otro lado, se puede argumentar, como dice el historiador mapuche Fernando Pairican, que lo que está en juego es «una profundización de un poder político indígena autónomo de las naciones originarias». La presencia de voz y voto indígena proporcional a su población en la Asamblea Constituyente representaría un cambio significativo.

La encrucijada abierta en octubre de 2019 representa un potencial cambio de paradigma en la forma en que el Estado se relaciona con los pueblos indígenas. Y aunque la historia reciente y pasada no es muy alentadora, puede ser un punto de inflexión. Esto, a pesar de la catastrófica sombra de la transición (cambio para permanecer) que se cierne sobre el proceso constituyente.

Traducción de Maria Isabel Santos Lima

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Nacho Vega

Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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