Pandemia y brutalidad policial en Río de Janeiro





La violencia policial es una constante en Am√©rica Latina, como remanente de reg√≠menes autoritarios y la militarizaci√≥n de la polic√≠a. Seg√ļn un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), Brasil tiene la segunda tasa m√°s alta de homicidios por cada 100.000 habitantes, solo detr√°s de Venezuela. En este escenario, el reciente operativo en la favela Jacarezinho, en la ciudad de R√≠o de Janeiro, es un ejemplo emblem√°tico de la brutalidad de las fuerzas de seguridad.





En abril de 2020, las muertes por acciones policiales en el estado de R√≠o de Janeiro aumentaron un 43% en comparaci√≥n con el a√Īo anterior, seg√ļn datos del Instituto de Seguridad P√ļblica (ISP). Bajo el gobernador Wilson Witzel, la polic√≠a civil y militar mat√≥ a 117 personas, casi 6 por d√≠a, por lo que ese mes fue el m√°s letal en la acci√≥n policial desde el inicio de la serie hist√≥rica en 1998, solo superado por julio de 2019.

Menos de un a√Īo despu√©s, el 6 de marzo de 2021, 27 j√≥venes fueron asesinados durante un operativo de la Polic√≠a Civil en la favela de Jacarezinho, en lo que se ha convertido en el operativo m√°s letal de la historia de R√≠o de Janeiro. La gesti√≥n esta vez es del gobernador Cl√°udio Castro, quien hab√≠a asumido el cargo menos de dos semanas antes debido al juicio pol√≠tico de Witzel por corrupci√≥n.

Ambos episodios, aunque espaciados en un a√Īo, se juntan cuando se dan en medio de una pandemia que, el d√≠a de la Operaci√≥n en Jacarezinho, ya hab√≠a acabado con la vida de m√°s de 400 mil brasile√Īos.

Fuerzas de seguridad que actuaron durante la pandemia

La pandemia autoriz√≥ la suspensi√≥n de una serie de actividades diarias en nombre de la preservaci√≥n de la vida. Una orden judicial de la Corte Suprema en junio de 2020 limit√≥ las operaciones policiales en las favelas de R√≠o de Janeiro durante la pandemia a casos ¬ęabsolutamente excepcionales¬Ľ. Entonces, ¬Ņpor qu√©, en lugar de tomarse un descanso, la violencia policial, por el contrario, se ha intensificado y ha provocado casi 800 muertes hasta ahora?

La respuesta ciertamente no est√° en la ‚Äúguerra contra las drogas‚ÄĚ, que hasta ahora ha tenido suficiente de mostrar su fracaso en la reducci√≥n del tr√°fico y el consumo mediante el desmantelamiento de redes criminales y la incautaci√≥n de sustancias il√≠citas. Mucho menos sobre la justificaci√≥n moralista de investigar la seducci√≥n de ni√Īos, ni√Īas y adolescentes para el narcotr√°fico, ofrecida por la corporaci√≥n policial para la masacre de Jacarezinho.

Al final, lo que mata, ya sea en abril de 2020 o el 6 de mayo de 2021, es el racismo. El racismo impulsa la ¬ęguerra contra las drogas¬Ľ cuyo fin no tiene que ver con los objetivos declarados, sino con los marcadores sociales de raza, g√©nero, clase y territorio construidos en el marco de una sociedad forjada por la esclavitud.





El poder asesino de la polic√≠a no se suspendi√≥ durante la pandemia precisamente porque este poder se produce a diario como una actividad esencial del Estado. Y as√≠ como el Estado defini√≥ la apertura de mercados y farmacias como sus actividades esenciales, tambi√©n continu√≥ definiendo la ¬ęguerra contra las drogas¬Ľ como su actividad esencial. Porque es a trav√©s de ella que el Estado sigue cumpliendo su funci√≥n m√°s esencial, la de discriminar qui√©n debe vivir y qui√©n debe morir y demarcar de manera performativa, ruidosa y sangrienta la desigual distribuci√≥n del valor de las vidas.

Es a trav√©s de la ¬ęguerra contra las drogas¬Ľ que el Estado sigue demarcando cu√°l es la ¬ęcarne m√°s barata del mercado¬Ľ como denuncia la canci√≥n ¬ęA Carne¬Ľ en voz de Elza Soares.

Si, por un lado, el gobierno de Witzel llam√≥ a la poblaci√≥n de R√≠o a unirse en torno a la guerra contra el virus Covid-19, por otro lado, este mismo estado dividi√≥ a la sociedad en combatientes y enemigos de otra guerra, la contra las drogas. . En este √ļltimo, el estado fue autorizado por el gobernador para apuntar al ¬ęjefe¬Ľ de un segmento espec√≠fico de la poblaci√≥n que habita los barrios marginales y las periferias de la ciudad.

Este segmento quedó atrapado en un fuego cruzado, victimizado por dos guerras, una en la que fue llamado a luchar y cooperar con el Estado para aplanar la curva del virus y otra que le resultó mucho más familiar, donde siempre ha sido el objetivo. de las mortíferas acciones del Estado.

La necropol√≠tica estructural del Estado brasile√Īo

Lo que vimos el 6 de mayo fue un capítulo más, el más letal, de este proyecto de necropolítica estatal que, como nos muestra el autor camerunés Achille Mbembe, tiene como objetivo hacer morir a la gente. La producción de muerte no es causada por policías desviados, por accidentes en la vía o por resultados imprevistos, sino por acciones sistemáticas y rutinarias del Estado que no pueden ser suspendidas ni siquiera en medio de la pandemia.

Tanto Witzel como Castro tomaron la decisión de no subcontratar la muerte a un virus que, aunque afecta de manera desproporcionada a los segmentos vulnerables de la población, mata de manera demasiado amplia y está demasiado descentralizada para sus gustos.

Para los segmentos racializados de la poblaci√≥n brasile√Īa, la normalidad siempre ha vivido con la brutalidad policial y la l√≥gica de la guerra contra sus territorios. Las muertes derivadas de la acci√≥n policial en Jacarezinho muestran que el pacto m√°s esencial para el Estado es ese pacto asim√©trico que deshumaniza a una parte importante de su poblaci√≥n y que ha venido autorizando la ‚Äúguerra contra las drogas‚ÄĚ.

Este pacto est√° tan arraigado en el Estado brasile√Īo que cualquier iniciativa que busque suspenderlo, como fue el caso de la medida cautelar otorgada por el STF, es eludida y se convierte en objeto de libertinaje. De hecho, el nombre que se le dio al operativo en Jacarezinho, ‚ÄúExceptis‚ÄĚ o Exce√ß√£o, fue clasificado por una serie de entidades, entre ellas la Defensor√≠a P√ļblica del Estado de R√≠o de Janeiro, el Colectivo Papo Reto, Redes da Mar√© y Justicia Global. , como un desenfreno ante la restricci√≥n del operativo policial durante la pandemia, ‚Äúsalvo en situaciones de absoluta excepcionalidad‚ÄĚ, planteada por el STF.

El mensaje que se dio a través del operativo considerado legítimo por agentes del Estado, policía, gobernador y presidente, fue que no es la ley la que define la normalidad y la excepción en relación a los territorios periféricos, sino la fuerza bruta.

Mediante el uso de fuerza excesiva y desproporcionada a la violación del estado de derecho, los agentes del Estado, mientras se burlaban de la ley, dijeron en voz alta y perversa que allí, en el espacio de la favela, el estado de excepción es permanente que ahí, es normal. Es decir que para el Estado hay una normalidad que no se puede poner en cuarentena, que no se puede detener: la del genocidio de jóvenes negros, pobres y barrios marginales.

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Nacho Vega

Nacho Vega. Nac√≠ en Cuba pero resido en Espa√Īa desde muy peque√Īito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interes√© por el periodismo y la informaci√≥n digital, campos a los que me he dedicado √≠ntegramente durante los √ļltimos 7 a√Īos. Encargado de informaci√≥n pol√≠tica y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook:¬†https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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