Más un nuevo año. Entonces … y tal reforma del Estado?





1. Más un año finalizado. Y más una Legislatura casi termina. Entonces … y tal reforma del Estado? Al final, a este respecto y definitivamente, ya no estamos en «crisis»? ¿Llegamos al final de la historia del Estado? Mientras que la actual mayoría parlamentaria no cesa de hacer reformas ideológicas para aumentar los monopolios del Estado social y la enorme Administración Pública correspondiente?





2. Parafraseando a uno de los mayores constitucionalistas europeos de nuestro tiempo, emérito profesor de Derecho y miembro del Tribunal Constitucional alemán, de su nombre Ernst-Wolfgang Böckenförde, es incuestionablemente acertado afirmar que el típico Estado providencia-burocrático, que sobre todo partidos socialistas suramericanos defienden y han venido a implementar, vive de presupuestos éticos que él mismo, Estado providencia-burocrático, en la práctica contradice. Porque, en suma: el bien que idealmente esos partidos socialistas (que se dicen no socialdemócratas, como todos nuestros partidos socialistas, incluido el "Partido Socialista") dicen proseguir es el de satisfacer los derechos sociales fundamentales, cuya finalidad es dar condiciones de efectividad al goce y ejercicio de los derechos fundamentales de libertad y realización personal de los ciudadanos. Pero, en la práctica, subordinan ese designio social a la falsa precedencia de un monopolio estadual de prestación de servicios, que así combate deslealmente la iniciativa privada que produce los mismos servicios, además en el ejercicio constitucional de derechos fundamentales de libertad, que, estos sí, en el Estado y por lo tanto de la función estadual.

3. El Estado-poder-político, que se caracteriza como una instancia de poder físico constrictivo irresistible de gobierno sobre los ciudadanos y la sociedad civil, distinta «da» y «en la sociedad civil (en la definición de sociólogos, como Max Weber, y antropólogos sociales, como Pierre Clastres), se justifica (filosófica y jurídicamente) en la medida en que es indispensable garantizar la seguridad y la justicia públicas. Esto es, en la medida en que se le atribuye el ejercicio de poderes públicos de soberanía que, por definición, los ciudadanos no pueden (y no deben) ejercer directamente. Ni la seguridad pública ni la justicia pública pueden prestarse privadamente a los ciudadanos. Pero, además de esta función, es decir, para la (tercera) función complementaria de mejorar el bienestar de los ciudadanos en la vida social, el poder de Estado sólo se justifica como instancia de función subsidiaria, que por lo tanto no puede ejercerse en monopolio del poder soberano.

4. El bienestar de los ciudadanos es radicalmente obra del ejercicio personal de sus derechos y deberes fundamentales de libertad y de realización personal. El hombre es un ser libre; y el poder político no puede querer liberarlo combatiendo su libertad personal de iniciativa. Sólo puede ser genuinamente liberado en sus dificultades materiales y sociales si es en subsidio de su personal libertad de elección. Esta es la piedra de toque de la dignidad de la persona humana: de una concepción personalista, no estatista, de la vida humana social; y por lo tanto es la piedra de toque de una democracia pluralista según el moderno constitucionalismo. En esta concepción, la idea moderna de Estado Social es buena, defendible y legítima: no como un aporte cuantitativo de Estado Soberano, sino sólo como un suplemento cualitativo de Estado subsidiario.

5. Lo que, sin embargo, los diversos partidos jacobinos han venido haciendo es maximizar un tipo de Estado social centralista y burocrático. Dicen proseguir la satisfacción de los derechos de los ciudadanos; pero lo que pretenden es maximizar su dependencia pasiva en beneficio de la maximización de la función estadual de alimentar esa dependencia, en régimen de monopolio. Es por eso que identifican el bienestar de los ciudadanos con el llamado Estado Social, es decir, con los monopolios públicos estatales de prestaciones sociales gratuitas, como por ejemplo la enseñanza escolar, la atención sanitaria y la acción social.

6. Y no es por casualidad que la insistencia en los monopolios públicos provechosos del Estado Social apunta prioritariamente a estos tres sectores de actividad. Es porque estos han sido, desde hace muchos siglos, como en el caso de la red de escuelas de la Iglesia y de la red de misericordias y hospitales sostenidos por la Iglesia y la Sociedad Civil, grandes instituciones de la Sociedad Civil. Nuestro actual jacobinismo de Estado no se preocupa tanto en prestar directamente y en régimen de monopolio estatal, por ejemplo, el pan o la vivienda, que son tan importantes como la educación escolar, como derechos humanos. Se preocupa, sí, con aquellos sectores donde la sociedad civil es más activa y por lo tanto influyente en la vida social. Lo que el Estado social jacobino quiere es que la Sociedad Civil sea relativamente pasiva ante su mayor protagonismo.

7. Se puede comparar, por ejemplo. El Estado centralista no ofrece gratuitamente a todos la justicia pública, que es monopolio suyo. Sólo los pobres gozan de gratuidad en el acceso a los servicios de justicia pública. Pero ofrece a todos gratuitamente, a ricos y pobres, a la enseñanza y los manuales escolares, si es en escuelas estatales, no en las escuelas privadas. Obviamente, en la justicia pública no necesita atraer clientela; pero en la enseñanza escolar necesita combatir la competencia de las escuelas privadas.





Otro ejemplo. Sólo el Estado puede ejercer la función de la seguridad pública. Pero la verdad es que, de hecho, cada vez más el Estado externaliza esta función. Actualmente, el sector de la llamada seguridad privada, como sucedáneo de la seguridad pública, es enormísimo; y además paga impuestos. ¿Por qué? Porque aquí el Estado no sufre una competencia en su influencia social-política. Si sufriera, no lo permitiría, o sólo lo permitiría mal grado suyo, como se ha comprobado recientemente con la querella contra los bomberos voluntarios.

8. En resumen: es más que evidente que la ideología del estado de bienestar jacobina de hoy se centra en la lucha de un Estado contra la sociedad civil – que confirma la tesis de la antropóloga social eminente Pierre Clastres, desarrollado en un precioso libro (por fin traducida al portugués con el título «La sociedad civil contra el Estado», que interpreta la sabiduría de las sociedades primitivas, que temían y rechazaban el surgimiento de un poder político de gobierno constrictivo. Por los visados, ya la luz de la historia de los infundios abusos y opresiones del Estado, con toda razón.

9. Para los ideólogos del moderno Estado social burocrático, los servicios sociales son buenos, si se prestan en instituciones estatales; pero en instituciones privadas, aunque de calidad excelente y de mejor economía, son dogmáticamente malos, porque son competidores (enemigos) del Estado social. Es precisamente en estos términos (invocando la competencia de los privados) que el «padre» del Servicio Nacional de Salud lanzó en Coimbra la idea de una nueva ley de este Servicio, actualmente en discusión en la Asamblea de la República. Fue expresamente para defender los servicios estatales (dichos públicos) de salud, de la «competencia» (además más leal) de los servicios dichos privados. Literalmente: el Estado contra la Sociedad Civil.

10. Nuestra Constitución, cuando en el artículo 9 establece cuáles son las «tareas fundamentales del Estado», dice así textualmente. En primer lugar, en el primer párrafo, «garantizar la independencia nacional»; es decir, la soberanía nacional. Inmediatamente después, en el segundo párrafo, «garantizar los derechos y libertades fundamentales y el respeto de los principios del Estado de Derecho Democrático». Después, dice: «defender la democracia política y fomentar la participación democrática de los ciudadanos en la resolución de los problemas nacionales». Y sólo en el cuarto lugar, un cuarto punto dice: "promover el bienestar y la calidad de vida de las personas y la igualdad real entre el portugués y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a través de la transformación y modernización de las estructuras económicas y sociales ».

11. Es necesario llamar la atención de nuestra opinión pública ciudadana y mediática sobre el hecho de que en este artículo constitucional verdaderamente estructurante de las funciones del Estado, la «promoción del Estado Social» sólo en cuanto lugar, después de tres primeras letras en las que se exige que el Estado «garantice» el Estado de Derecho Democrático y la democracia pluralista y participativa? Y participativa, repita. Es necesario llamar la atención, no sólo para este evidente orden de precedencia de las diversas tareas, sino también para el hecho de que la Constitución utilice, para las primeras funciones de soberanía, los verbos «garantizar» y «defender»; mientras que, para la función de bienestar, eligió el verbo «promover»? No es muy diferente: garantizar o sólo promover? Promover significa que, aquel que promueve, supone y apoya la acción de otros.

12. Si la lucha del estado centralista contra la sociedad civil es, después de todo, la bandera actualmente en Portugal se une a la izquierda llamada política socialista, especialmente en las políticas públicas de educación y salud pública, pero no sólo (con la consecuencia obvia e inevitable de reducción de las libertades de elección de los ciudadanos y del aumento del gasto del Estado social burocrático y de la carga fiscal correspondiente), ¿pueden los que defienden la democracia (liberal y social) pluralista en Estado de Derecho Democrático no levantar también su otra bandera de oposición?

13. No se trata de combatir el Estado Social, como «promotor» (es la palabra constitucional) del bienestar; se trata de combatir el jacobinismo de Estado Social. Se distingue, con toda la fuerza: en el ejercicio y poderes de soberanía, el Estado es monopolista (aunque siempre democrático); pero en el ejercicio de la función de bienestar, el Estado es sólo subsidiario, promotor. No son las instituciones de la sociedad civil que ejercen un papel complementario; es el Estado que ejerce un papel complementario. Y hay que distinguir bien entre la debida promoción o provisión financiera, que corresponde al Estado porque sólo él cobra impuestos, y la efectiva prestación de servicios – que, para ser gratuitos o casi gratuitos para los ciudadanos, obviamente tienen que ser sufragados por el Estado con el dinero de los ciudadanos contribuyentes.

14. En la Constitución Política de la República Portuguesa, no un servicio nacional de educación o de un servicio nacional de salud se proporcionan como monopolios estatales, que ven en la competencia del sector privado para luchar o al menos para discriminar. Por el contrario, en ambos casos se consagran expresamente las formas empresariales y privadas de las prestaciones de servicios que los integran, y que el Estado, ya lo vimos, debe promover. Las respectivas Leyes de bases confirman esta interpretación de articulación de iniciativas del Estado y de la Sociedad Civil. En la ley de base de la salud, se lee: «La promoción y la defensa de la salud pública se realiza a través de la actividad del Estado y de otros entes públicos, pudiendo las asociaciones de la sociedad civil asociarse a dicha actividad. La asistencia sanitaria es prestada por servicios y establecimientos del Estado o, bajo su control, por otros entes públicos o por entidades privadas, sin o con fines de lucro. ». La ley de bases del sistema educativo educación dice: «El sistema educativo es el conjunto de medios por el cual se concreta el derecho a la educación, que se expresa por la garantía de una permanente acción formativa orientada a favorecer el desarrollo global de la personalidad, el progreso social y la democratización de la sociedad. El sistema educativo se desarrolla según un conjunto organizado de estructuras y de acciones diversificadas, por iniciativa y bajo responsabilidad de diferentes instituciones y entidades públicas, particulares y cooperativas. El sistema educativo es el ámbito geográfico todo el territorio portugués – continente y las islas – pero debe tener una lo suficientemente flexible y diversificada […]. La coordinación de la política relativa al sistema educativo, independientemente de las instituciones que lo componen, incumbe a un ministerio especialmente orientado al efecto. »

15. En suma y conclusión. Cumplir con este programa rigor constitucional es lo que políticamente se refiere, entre nosotros portugués, en estos días. Y esto implica una cuestión de forma / reforma del Estado, en el espíritu y en el marco constitucionales de la democracia pluralista, basada en la dignidad de la persona humana y sus libertades fundamentales; no es sólo cuestión de políticas públicas sectoriales, de dimensión partidista.

Nacho Vega

Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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