La persecución de opositores apunta a obstruir elecciones en Nicaragua, dice ONG





Un informe de la ONG Human Rights Watch publicado el martes (22) dice que el acoso a políticos, periodistas y opositores, que se ha ido intensificando en Nicaragua, es parte de una estrategia más amplia del régimen dictatorial liderado por Daniel Ortega para «instalar el miedo y restringir la participación política «de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.





«Los nicaragüenses están encontrando inmensos obstáculos para que se respeten sus derechos a expresarse, así como a reunirse en asamblea, a afiliarse a partidos, a inscribirse en elecciones justas y libres», dice el texto.

El estudio se realizó entre febrero y junio, mediante entrevistas a 53 personas, entre activistas, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y opositores que fueron acosados ​​o detenidos arbitrariamente. También se analizaron fotos y videos que registran abusos a los derechos humanos.

La organización buscó al gobierno de Nicaragua para comentar sobre los hechos descritos en el informe, pero no hubo respuesta.

Al concluir el documento de HRW, cuatro precandidatos para las elecciones habían sido arrestados. Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro, acusada de lavado de activos; el diplomático Arturo Cruz Sequeira, por «conspiración contra Nicaragua»; el académico y activista político Félix Maradiaga, investigado por presunta conspiración para una intervención militar en el país y «organizar atentados terroristas»; y Juan Sebastián Chamorro, economista y primo de Cristiana Chamorro, también acusado de conspirar contra la Patria.

Finalizada la investigación, también fue detenido Miguel Mora, empresario de la comunicación y propietario del canal 100%. Mora ya había sido detenido por la dictadura de Ortega, junto a su esposa, Lucía Pineda Ubau, en 2018. En ese momento, la acusación era de «incitar al odio» durante la cobertura de la violenta represión que Ortega promovió contra manifestantes que salieron a las calles. para protestar contra una política de ajustes. Las protestas de ese año resultaron en 328 muertes.

Según HRW, la detención de los precandidatos se llevó a cabo pisoteando varios derechos: hay registros, por ejemplo, de vehículos militares y policiales frente a las casas antes del arresto para asustarlos y de simpatizantes del régimen convocados para hacer ruido. por la noche y evitar que duerman.





Durante este período, los asedios de viviendas dificultaron la salida de las personas a comprar alimentos y otros artículos básicos e impidieron la llegada de familiares y abogados. En un caso, la policía impidió que los dos hijos de uno de ellos fueran a la escuela durante tres días.

Los periodistas informaron que, al acercarse a estos lugares, era común que les incautaran sus celulares y que los sacaran de allí, para que no pudieran realizar su trabajo. Las detenciones se realizaron de forma ilegal, sin que se presentaran los cargos a los detenidos.

A partir de cifras recopiladas por organizaciones locales de derechos humanos, HRW recopiló 400 casos de ataques a medios de comunicación y periodistas. A muchos les registraron sus casas y oficinas, les robaron material y fueron llamados a interrogatorios en los que se les presionó para que abandonaran su actividad profesional.

Al ser liberados, a muchos se les dijo que podían volver a ser arrestados en cualquier momento. La ONG ve esto como un intento de promover la autocensura en los pocos medios de comunicación independientes que aún operan en Nicaragua.

El informe finaliza con solicitudes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de «hablar públicamente» sobre el tema y buscar a las autoridades nicaragüenses para mostrar preocupación. También pide a los gobiernos de EE. UU., Canadá, la Unión Europea y países de América Latina que presionen a la dictadura de Ortega para que autorice el regreso al país de los organismos internacionales de derechos humanos expulsados ​​en 2018.

La organización también pide que se evalúen las sanciones, incluidas las prohibiciones de viaje y el congelamiento de activos en el exterior, tanto para Daniel Ortega como para su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como nombres en la cúspide de la dictadura nicaragüense. Entre ellos, Edwin Castro, vocero del oficialismo, Frente Sandinista de Liberación Nacional, la procuradora general, Ana Julia Guido Ochoa, y el jefe de la Policía Nacional, Javier Díaz.

Nacho Vega

Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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