La masacre de El Mozote necesita condena, aunque simbólica





En diciembre de 1981, el Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, ingresó a la aldea de El Mozote (a 180 km de la capital del país). En la plaza principal, los soldados reunieron a la población. Vendieron y ejecutaron a los hombres. Luego las mujeres, no sin primero violar a varias de ellas. Finalmente, asesinaron a los niños, así como al único soldado que se había negado a disparar a menores. El número total de civiles muertos en la operación fue de 960 personas.





Oficialmente, las fuerzas de seguridad dijeron que el objetivo era buscar guerrillas izquierdistas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El Salvador estaba experimentando una guerra civil (1980-1992) que dejaría 75,000 muertos. La participación estadounidense, con apoyo logístico y político, fue parte de una estrategia de la administración Ronald Reagan (1981-1989) para apoyar a los gobiernos que eliminaron la «amenaza comunista» impulsada por las revoluciones cubana (1959) y sandinista (1979).

Después del asesinato, los soldados prendieron fuego a cuerpos y casas y abandonaron el lugar, tal vez pensando que nadie se daría cuenta de la desaparición de esas personas. Silenciados por el gobierno, los medios locales apenas publicaron nada sobre el tema.

Durante décadas, los crímenes de El Mozote estuvieron en el limbo entre el encubrimiento realizado por el Estado y la desconfianza de muchos salvadoreños de que ni siquiera había sucedido.

Sin embargo, dos periodistas extranjeros decidieron visitar el sitio y escuchar el testimonio de testigos. El estadounidense Raymond Bonner, del New York Times, y el mexicano Alma Guillermoprieto, del Washington Post. La masacre luego ganó importancia internacional, aunque la Casa Blanca y el gobierno salvadoreño negaron la magnitud de la tragedia y clasificaron a los muertos como todas las guerrillas caídas en combate.

Sin embargo, la queja atrajo la atención de organizaciones internacionales hasta que, basándose en la experiencia de médicos forenses extranjeros, las Naciones Unidas consideraron la masacre como un crimen de lesa humanidad cometido contra civiles inocentes.





En El Salvador, las cosas solo comenzaron a cambiar en 2016, cuando se revocó la ley de amnistía y el tribunal inició el juicio de 16 ex militares involucrados en abusos contra los derechos humanos.

La semana pasada, por primera vez frente a un tribunal, uno de ellos, el ex general Juan Rafael Bustillo, de 88 años, confirmó que el asesinato tuvo lugar y que fue realizado por el batallón Atlácatl, un grupo de élite del Ejército salvadoreño entrenado en los Estados Unidos.

Bustillo, sin embargo, dijo que las cosas se habían salido de control ese día porque un oficial, el coronel Domingo Monterrosa, ya muerto, había vivido «un momento de locura».

Por muy buenas que sean las investigaciones a partir de ahora, es demasiado tarde para señalar con certeza las responsabilidades y distribuir castigos justos. Solo será necesario conformarse con la Justicia que es posible en ese momento.

Aun así, si el personal militar anterior involucrado recibe algún tipo de condena y los gobiernos de ambos países admiten su grado de participación, ya será un símbolo muy importante para ayudar a pacificar una región que continúa siendo violenta y causa inestabilidad en el vecindario.

Nacho Vega

Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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