La explosión social en Colombia y la crisis del uribismo
En el último mes, Colombia ha vivido momentos de gran esperanza, así como de gran tristeza e incertidumbre: por un lado, la mayor movilización en la historia reciente del país y, por otro, una represión estatal sin precedentes.
Las primeras movilizaciones se organizaron para exigir el desmantelamiento de reformas de perfil neoliberal que había propuesto el gobierno, como la reforma tributaria y sanitaria –ambas han caído– y la exigencia de una renta básica universal. Estas movilizaciones generaron una respuesta violenta de la policía, lo que derivó en demandas de reforma de la propia institución.
Todo ello derivó en una crisis de gobernabilidad, con la renuncia de tres ministros (Hacienda, Relaciones Exteriores y el Comisionado para la Paz) en pocos días y el retiro de Colombia por parte de la Conmebol de la organización de la Copa América, que estaba programada para junio. .
Durante el último mes, en 763 municipios –casi el 70% del territorio– hubo acciones colectivas masivas, según el Ministerio de Defensa. Desde marchas masivas a nivel nacional, encuentros a nivel local e intervenciones artísticas, hasta la creación de los llamados puntos de resistencia donde la comunidad tomó las calles del barrio.
La clase trabajadora se reagrupó en torno al Comité Nacional de Huelga, pero también hubo movimientos feministas, estudiantes, movimientos indígenas, afrodescendientes, campesinos, taxistas, organizaciones campesinas y pequeños propietarios de camiones de carga que bloquean las principales carreteras. Pero son los jóvenes urbanos los que se han convertido en los protagonistas de las movilizaciones.
Por la noche, sin embargo, se apodera de la violencia policial y paramilitar. Grandes operaciones militares se apoderaron de las carreteras y barrios de Bogotá y especialmente de Cali. Hasta el momento se han registrado 51 asesinatos, 43 de ellos presuntamente por violencia policial, según la ONG Temblores.
¿Por qué una explosión social? ¿Qué hay detrás de la represión del estado colombiano? Para intentar explicar la situación, presentamos tres hipótesis.
La crisis del uribismo
El uribismo es un proyecto político que surgió en el departamento de Antioquia en 1995 con el gobierno de Álvaro Uribe y se consolidó en 2002 con su elección como presidente del país. Desde entonces, el Uribismo ha participado en nueve elecciones nacionales y solo perdió una vez, en la reelección de Juan Manuel Santos en 2014. Sin embargo, en los últimos años este proyecto ha entrado en una crisis social y política.
Las políticas sociales implementadas en el gobierno de Iván Duque dispararon la pobreza del 35,2% en 2017 al 42,5% en 2020, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), lo que implicó un retroceso de diez años en la reducción de la pobreza.
Esta situación se vio agravada por las escasas políticas para paliar los efectos del encierro por la pandemia, que se centró en algunos subsidios para las clases populares y la creación de fondos de préstamos, pero no tuvo en cuenta la protección del empleo ni la generación de ingresos. sectores afectados. A esto se sumó un plan de vacunación ineficaz que terminó sembrando desesperanza y desesperación entre la población.
Por otro lado, hubo un colapso político del uribismo. El discurso que articuló la sociedad en torno a un escenario de amigos y enemigos de la patria en un contexto de guerra como el que vivió Colombia en sus primeros gobiernos perdió cohesión tras la firma del acuerdo de paz en 2016 y el desarme de más de 13 mil ex. -guerrillas de las extintas FARC.
Esta crisis se reflejó en las urnas para las elecciones presidenciales de 2022, donde, incluso antes de la explosión social, el candidato de izquierda tenía el 38,3% de los votos, mientras que el candidato de la coalición uribista, que encabezaba, tenía solo el 11,8%. La imagen desfavorable de su referente político, el expresidente Álvaro Uribe, fue del 66%.
Un ciclo de movilización exitoso
Las protestas son parte de un ciclo de movilizaciones que comenzó en 2011 con manifestaciones universitarias. A esto le siguió el Paro Agrario de 2013, las Indígenas Mingas a lo largo de la década y nuevas movilizaciones universitarias en 2018.
El 21 de noviembre de 2019, cuando millones de personas, fundamentalmente jóvenes universitarios y de clase media, llenaron las calles, fue el preludio de la actual explosión social.
El inicio de este ciclo coincide con el inicio de las negociaciones de paz en 2012, lo que implicó una apertura democrática. El aumento de las movilizaciones fortaleció a los diferentes movimientos sociales que estaban construyendo agendas más definidas.
Pero ante la falta de respuestas, los actores sociales vieron el paro como una oportunidad para presionar al gobierno para que cumpla con ciertas demandas que habían sido postergadas durante casi una década.
Los conflictos sociales no son guerras
Hasta 2016, la violencia policial contra los manifestantes se vio ensombrecida por la dinámica del enfrentamiento militar con la guerrilla. Pero desde la firma del acuerdo de paz, esto se ha hecho visible. Las Fuerzas Armadas, y en particular la Policía, que depende del Ministerio de Defensa, mantienen, a pesar del acuerdo de paz, la doctrina de seguridad nacional basada en la doctrina del enemigo interno.
En la situación actual, la represión policial es innegable, como denuncian organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Naciones Unidas. Pero la represión no es un accidente; es la doctrina del uribismo. Un sector de la población –los más pobres– es reprimido duramente para provocar un enfrentamiento violento y justificar medidas más excepcionales.
En este contexto, la represión tiene dos mecanismos, uno en el campo de la violencia directa, que implica la eliminación de puntos de resistencia vecinales y bloqueos de carreteras, y el segundo en el campo de la información.
La circulación masiva de contenidos mostrando la implementación de esta violencia es una estrategia para generar pánico colectivo y desmovilizar a la clase media y sectores del centro que inicialmente se sumaron a la huelga. Esto explica la represión en los barrios populares pero no en las zonas de clase media.
En la ciudad de Cali, luego de la represión, la fuerza pública fue retirada de diversas zonas, lo que provocó una gran cantidad de saqueos de instalaciones comerciales. Como resultado, los vecinos pidieron a los residentes locales que se organizaran para defenderse de los «vándalos».
La incitación al uso de la violencia entre civiles fue premeditada y se evidenció a través de redes sociales, grupos de WhatsApp, vehículos de comunicación y manifestaciones de líderes de opinión del Uribismo.
En conclusión, la represión no solo busca contener la protesta, sino que es un intento del uribismo de relanzar su narrativa. Las imágenes de la guerra, el lenguaje de la guerra y la escalada del enfrentamiento sirven para fortalecer la idea de que el Estado no se enfrenta a una protesta social, sino a una amenaza «terrorista». El uso de la propaganda es la forma de mantener al país en estado de guerra, incluso si la guerra ya ha terminado.
www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la difusión de información crítica y veraz sobre América Latina.