La cuestión de la gratuidad de la enseñanza superior


1. El Estado portugués se encuentra actualmente en la deuda más allá de los límites de la prudencia de la gestión racional; y sólo no entra en bancarrota por el socorro de la solidaridad internacional y de la Unión Europea, que entretanto nos sujetó a la humillación de la troika, oficialmente aceptada y firmada por el Gobierno socialista de José Sócrates. Si fuera en la Sociedad Civil, habría lugar a una acusación de crimen de gestión dañina. Pero en la gestión gubernamental, la llamada responsabilidad política dispensa una rendición de cuentas rigurosa.


En este contexto, en los últimos tiempos del gobierno de la "gergeronza", se han venido enfrentando equivocadamente melindrosas cuestiones sociales y políticas, al mismo tiempo agudas por su alcance de justicia y equidad social y por las consecuencias financieras que determinan. Sólo para recordarle de una o dos medidas ciegos que se han tomado, como se recordará, por ejemplo, la reducción universal de pases sociales en el transporte urbano de Lisboa; y la asignación gratuita de manuales escolares a los alumnos de las escuelas estatales. Viene ahora el anuncio de otra gratuidad "universal", la de las tasas en las escuelas estatales de la enseñanza superior.

2. Dejemos de lado la "misteriosa" cuestión de explicar por qué, en algunos casos, como en los pases sociales de transporte, o en los beneficios en la vivienda, y en otros, la medida es plenamente universal; y en otros casos, en que el Estado mantiene una lucha contra la sociedad civil, sólo se conceden beneficios sociales a los que aceptan recurrir a los servicios estatales, que están en competencia (monopolista e ideológica) con la iniciativa privada. Y nos limitaremos aquí y ahora al caso de las tasas en la enseñanza superior.


3. Es verdad que nuestra Constitución impone que el Estado "asegure la enseñanza básica universal, obligatoria y gratuita" (véase el artículo 74). Y que, además, "establezca progresivamente la gratuidad de todos los grados de enseñanza" (véase el mismo artículo).

Pero también es verdad que estas normas tienen que ser interpretadas y cumplidas de acuerdo con el principio que domina todo el sistema del llamado Estado social, que, en absoluto, depende materialmente de las posibilidades económicas, materiales y sociales existentes (principio constitucional de la reserva de lo posible ); y, relativamente, debe cumplir el principio constitucional de la equidad, en la solidaridad social.

4. Ahora bien, lógicamente, el cumplimiento del principio de equidad debe aplicarse en las dos caras del sistema de solidaridad social, o del Estado social. Esto es, en la cara de la recogida de los fondos financieros destinados a la financiación pública del sistema; y en la cara de la redistribución de los fondos públicos.

En la cara de la recogida de los fondos, además de la cuestión absoluta de la suma total de impuestos a cobrar (dependiente de equilibrios más amplios del sistema político), el criterio de la equidad debe ser el del llamado sistema fiscal progresivo, que se traduce en cobrar más a los que más pueden contribuir, en una escala porcentual progresiva; e incluso nada a los que no pueden contribuir. En la cara de la distribución, es evidente que debe aplicarse el mismo criterio, es decir: dar más a los que más lo necesitan; y menos, o incluso nada, a los que menos, o nada, necesitan.

En conclusión, este criterio no abona el sistema de una igualdad universal, que llevaría a que todos pagar los impuestos igualmente y recibir servicios igualmente. Y es por eso que se critica como injusto el llamado impuesto de valor añadido, el IVA; porque el productor de los bienes o servicios que vende en el mercado transfiere ese impuesto al precio que el consumidor final va a pagar, no distinguiendo, en el pago del impuesto, entre ricos y pobres.

¿A qué título, entonces, los casos de una igualdad universal en la recepción de servicios de solidaridad, sobre todo en los casos más extremos de gratuidad? Por razones de justicia y de equidad no hay justificación, en principio. Y tienen efectos perversos, bien conocidos, principalmente por la devaluación subjetiva del costo y del valor objetivos de los bienes o servicios recibidos – como por ejemplo se reconoce en el caso de las tasas moderadoras en los servicios de salud pública.

5. Además de lo que queda simplemente enunciado, sólo sobre algunos aspectos de esta compleja cuestión, debe añadirse que cada una de las medidas de solidaridad social debe someterse a los dos principios ya mencionados, de lo posible y del equitativo: no en términos absolutos de casuismo sino en términos relativos en el marco sectorial y nacional. Como es obvio.

Sin embargo, lo que ha caracterizado el desarrollo político de nuestro sistema de solidaridad social y de bienestar social es una discusión casi sólo puntual, medida a medida, prácticamente en términos de casuismo absoluto, cuando sólo se evalúa la justicia o el bienestar idealmente deseables para cada caso en cuestión. Por ejemplo: si se discuten las tasas en la enseñanza superior, nadie recuerda que la gratuidad de la enseñanza superior para los ricos puede sacrificar el justo apoyo del Servicio Nacional de Salud a los desdentados pobres. 11 Y no sería difícil enumerar muchos otros ejemplos. Los errores de equidad en todo el sistema nacional de nuestro Estado social son evidentes.

6. ¿Y por qué, eso? La respuesta parece que debe ser ésta. Por la partidarización, corporativización y electorización de las medidas. Es una verdadera forma de "corrupción de Estado", corrupción activa y pasiva, ésta, de la partidarización, corporativización y electorización de las medidas de solidaridad social y bienestar social.

Principiológicamente, corresponde por definición al Estado-poder político regular y arbitrar con justicia y equidad, en este enorme mercado de reivindicaciones e intereses corporativos. Pero sucede que el Estado-poder político, que ejerce esa función de justicia y de arbitraje, es él mismo partidario y por eso parte en la conflictividad en cuestión. La política de las medidas de solidaridad social anda hacia allá y hacia acá, como en el caso de las tasas en la enseñanza pública, gestionada por los (alternativos) partidos de gobierno, que tienen intereses partidistas e ideológicos en esta enorme negociación, que también es electoral, Es bueno decir que es necesario aumentar la frecuencia de la enseñanza pública. Pero hay que probar que eso pasa por la gratuidad de las propinas; y que ello no afecta a la equidad general del sistema social. Si son los pobres que, por falta de medios financieros, no accede a la enseñanza superior, no es obvio que la solución racional sería la de aumentar las becas para los pobres? Se calcule el volumen que el Estado va a gastar con la gratuidad de las tasas, y se conceda ese importe enteramente a becas a los que las necesitan. Pero ofrecer la gratuidad a los ricos es arrojar dinero a la calle, o mejor, para el bolsillo de los ricos, que no necesitan esa gratuidad. Por lo demás, los ricos no tienen que agradecer la gratuidad de las prestaciones sociales, porque saben que la tienen que pagar por los impuestos, con los adicionales de los costos burocráticos. Y los pobres bien que preferirían ser ellos a elegir sus gastos con servicios, con el dinero que el Estado gasta con la prestación en especie de servicios gratuitos o casi gratuitos. En todo esto, vamos a encontrar siempre el buen principio de subsidiariedad del Estado, que está en nuestra Constitución, pero a la que muy pocos entre nosotros ligamos importancia.

7. no; la verdadera razón de esta política de gratuidad es otra: es fortalecer el monopolio de la enseñanza superior estatal contra las escuelas privadas de enseñanza superior. Es el Estado combatir a la sociedad civil en un sector que el jacobinismo de Estado tiene por decisivo, en su lucha por un centralismo autoritario de Estado. La verdadera razón es de política y de ideología jacobinas; y aún de electoral populista.

Como notables teorías sociológicas ya han demostrado satisfactoriamente, la racionalidad de los agentes del Estado-gobierno es igual a la de los privados; no vale la pena pensar que los gobernantes son generosos por definición; y los gobernados son egoístas por definición. No es verdad; son iguales. Por eso, cuando (en general) los gobernantes deciden, siempre (en general) deciden de acuerdo con sus intereses personales, partidarios, ideológicos, electorales. Si los partidos que actualmente gobiernan son jacobinos, y son, es obvio que, para cada medida que nos ofrecen o imponen, es prudente escudriñar de su utilidad jacobina. Y no hay duda de que la gratuidad de las tasas en las escuelas estatales tiene el efecto objetivo de afectar a la competencia legal y leal de las escuelas de la enseñanza privada. En cuanto a las justificaciones que se han presentado, cualquier ciudadano experimentado sabe que, en política, "los argumentos vienen al final". Es decir, se arreglan siempre, por fin, a la medida de las conveniencias.

Mejor, más justo y más democrático es que los ciudadanos eligen lo que prefieren, incluso cuando están financiados por el Estado; y peor es siempre que sea el Estado-gobierno a elegir lo que los ciudadanos deben consumir, cuando es financiado por el Estado. El máximo de libertad de elección para los ciudadanos, y el mínimo de imposición de elecciones a los ciudadanos por los gobiernos, es un imperativo de la democracia pluralista basada en la dignidad de la persona humana.

8. Finalmente, encaremos frontalmente la cuestión de poder que de hecho está en juego. Esta medida va a retirar autonomía a las instituciones de enseñanza superior, que pasan a quedar enteramente dependientes de las financiaciones estatales. De sus importes y de la forma en que pueden gastar. Razón por la que varios altos representantes de estas instituciones ya reaccionaron contra esta novedad ministerial.

De hecho, estas instituciones son muy importantes para la ciencia, la cultura y la socialización, esferas éstas que el poder jacobino le gusta dominar o influir. A fin de cuentas, si el Estado quiere financiar el acceso a la enseñanza superior, porque no ofrece a todos y cada uno de los alumnos que necesitan (oa todos, si la cuestión es una) una generosa beca, y deja a las personas y las instituciones en paz en el disfrute de sus autonomías?

¿Por qué? … Esa. Porque así los ministros dejaban de mandar en la enseñanza superior. "Aquí es que la tuerca tuerce la cola".


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Nacho Vega
Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebookhttps://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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