La Asamblea de la República se congeló





Las implicaciones político-legales del estado de emergencia han recibido cierta atención de los constitucionalistas. Algunos, como es el caso de Jorge Reis Novais, critican, entre otros aspectos, las capacidades extraordinarias y prácticamente ilimitadas de intervención gubernamental en el manejo de la crisis que le atribuyen los decretos presidenciales aprobados por la Asamblea de la República.





Acentuando este último punto y alertando sobre la amenaza de reducir el control de las acciones del gobierno están Teresa Violante y Rui Lanceiro en un artículo en el blog «Verfassungsblog en asuntos constitucionales», que es obligatorio leer.

La pregunta pertinente es si, en vista de la enorme amplitud de poderes conferidos por los Decretos Presidenciales al Gobierno, y admitiremos que dicha amplitud está justificada en vista de la complejidad y la urgencia de combatir la epidemia, es el ejercicio concreto de estos poderes efectivamente y sustancialmente controlado por el Parlamento, como lo exige la Constitución (art. 162 al. b)).

No se ve como es. La Asamblea de la República, a propuesta de su Presidente, aprobó una resolución en la cual el plenario se reunirá solo una vez a la semana, a menos que las circunstancias lo requieran, pero dicha reunión se realizará con una quinta parte de los diputados (quórum operativo) y comités deben reunirse solo si es necesario, pero solo «la Mesa y los Coordinadores».

En realidad, esta solución, aparentemente dictada por razones sanitarias (?), Reduce las posibilidades de una inspección efectiva y, en la práctica, hace inviable la capacidad deliberativa del Parlamento. Ya estamos yendo con un mes de emergencia y no tengo noticias de ningún pronunciamiento efectivo de la Asamblea sobre la producción legislativa torrencial del Gobierno.

Bajo el pretexto de una acción urgente por parte del Gobierno, que legisla de manera convulsiva, el Parlamento deja de inspeccionar al Gobierno bajo la narrativa dominante (reforzada por las recientes declaraciones del jefe del principal partido de la oposición) de que en la «guerra» no hay críticas a quienes están a la vanguardia, que no hay otra alternativa que otorgar poderes excepcionales al Gobierno y que ponerlo en juego es un acto perjudicial para el país que solo los traidores pueden producir.

De hecho, la limitación de los derechos de los ciudadanos debido al estado de emergencia es visible para todos. No es solo el confinamiento y las limitaciones al movimiento de ciudadanos, es sobre todo la brutal suspensión (supresión) del derecho a la propiedad privada y la iniciativa económica privada.





No cuestiono la necesidad de tales medidas para combatir la pandemia. Algunos son obvios y probablemente no tienen una alternativa válida. Pero es por eso que se requeriría a nuestro Parlamento, en lugar de tomar posiciones meramente simbólicas (como la idea peregrina de conmemorar el 25 de abril contra todas las reglas de salud), un papel activo y de supervisión en la acción del Gobierno.

El autor escribe según la antigua ortografía.

Ana Gomez

Ana Gómez. Nació en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios años. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. También me considero una Geek, amante de la tecnología los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebookhttps://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

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