Jóvenes contra la ley de extradición vuelven a bloquear las calles en Hong Kong
Cientos de jóvenes, con la participación a aumentar a lo largo de la mañana, regresaron este viernes a bloquear calles en Hong Kong exigiendo la retirada definitiva de la ley de extradición y liberación de los detenidos en la protesta del 12 de junio.
Después de tres protestas que llevaron a millones de personas a protestar en las calles contra las enmiendas a una ley que permitiría la extradición de sospechosos de crímenes, la jefa del Gobierno, Carrie Lam, se vio obligada a suspender el debate sobre las enmiendas planeadas y pedir disculpas en dos ocasiones, pero no retiró la propuesta.
Los jóvenes piden también la liberación de aquellos que fueron detenidos en la protesta del 12 de junio, marcado por violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que usó gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
Por otro lado, exigen que esa protesta deje de ser clasificada como un motín, cuyo delito asociado prevé una pena hasta diez años de prisión.
Propuesta en febrero y con una votación final prevista para antes de finales de junio, la ley permitiría que la jefa del Ejecutivo y los tribunales de Hong Kong procesasen solicitudes de extradición de sospechosos de crímenes a jurisdicciones sin acuerdos previos, como es el caso de China continental.
Los defensores de la ley argumentan que si se mantiene la imposibilidad de extraditar a sospechosos de crímenes para países como China, esto podría convertir a Hong Kong en un "refugio para criminales internacionales".
Los manifestantes dicen temer que Hong Kong quede a merced del sistema judicial chino como cualquier otra ciudad de la China continental y de una justicia politizada que no garantice la salvaguarda de los derechos humanos.
La transferencia de Hong Kong y Macao a la República Popular de China, en 1997 y 1999, se desarrolló bajo el principio "un país, dos sistemas", precisamente lo que los opositores a las enmiendas de la ley garantizan estar ahora en juego.
Para las dos regiones administrativas especiales de China se acordó un período de 50 años con alto grado de autonomía, a nivel ejecutivo, legislativo y judicial, siendo el Gobierno central chino responsable de las relaciones exteriores y defensa.
