Hablar de justicia para los frikis





Seg√ļn las reglas profesionales de los abogados, √©stos no deben pronunciarse p√ļblicamente en los medios de comunicaci√≥n sobre procesos a√ļn en curso, excepto si se encuentran debidamente autorizados por √≥rgano de la Orden, o en caso de que manifiesta urgencia, pero siempre contenidos y parro en lo que dicen.





Por el lado del Ministerio P√ļblico y de la magistratura judicial, las normas de los respectivos estatutos s√≥lo permiten id√©ntica pronunciaci√≥n en nombre de la salvaguardia del honor o de la realizaci√≥n de cualquier inter√©s leg√≠timo, pero siempre mediante previa autorizaci√≥n superior (jer√°rquico, en el caso del Ministerio P√ļblico, Consejo Superior de la Magistratura, en el caso de los jueces).

Hay, sin embargo, una diferencia significativa entre lo que se permite a los abogados ya los magistrados en materia de pronunciación sobre procesos no sujetos al régimen de secreto de justicia: mientras que para los abogados esta circunstancia es irrelevante, imponiéndose a ellos la misma contención que se exige si el proceso está protegido por el secreto, en el caso de los magistrados, a diferencia de estos procesos (sin secreto), no están cubiertas por el deber de reserva la información destinada a la realización de derechos o intereses legítimos, en particular el acceso a la información.

En nombre del acceso a la informaci√≥n, esta exclusi√≥n del deber de reserva de los magistrados, dir√°n algunos, justifica que se haga p√ļblico que determinada persona es investigada, acusada, juzgada o condenada de la comisi√≥n de cr√≠menes, a√ļn antes de que cualquier decisi√≥n judicial sea definitiva. Tambi√©n son seguridad comunitaria y la paz social un sin n√ļmero de veces invocadas para el mismo prop√≥sito.

No tengo la menor de las dudas que estos clamores p√ļblicos configuran realmente intereses leg√≠timos y que en la gran mayor√≠a de las situaciones son verdaderamente buenas intenciones de quien promueve o permite la noticia de la acusaci√≥n o condena de alguien. Pero no seamos ingenuos, so pena de legitimar que los (pocos) magistrados incompetentes que promueven, o permiten, meros circos medi√°ticoso que s√≥lo pretenden (y casi siempre alcanzan) una condena anticipada en la plaza p√ļblica, se mantengan escondidos -y peor que ellos, es su incompetencia- detr√°s de la discusi√≥n p√ļblica de lo que no deber√≠a ser discutido p√ļblicamente.

Por otro lado, la discusi√≥n p√ļblica de procesos judiciales, sobre todo de naturaleza criminal, no puede ser confundida con la necesaria transparencia de la actuaci√≥n de los agentes p√ļblicos, magistrados incluidos. Esta transparencia se asegura a trav√©s de otros mecanismos, de los cuales, adem√°s, los magistrados son los principales impulsores, aqu√≠ pensando en las bases de datos de legislaci√≥n y jurisprudencia por aquellos gestionados.

Es el conocimiento completo de las decisiones tomadas que permite afirmar esa transparencia, no sólo la titular de dos líneas de las que el magistrado la acusó o condenó B.





El sistema judicial portugués no se sienten cómodos con el hecho de que las organizaciones internacionales, como el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción, integrado en el Consejo de Europa) a tener en cuenta, en 2018, que un conjunto de 15 medidas recomendadas en 2016 (en la cuarta evaluación hecho Portugal), sólo 1 (!) se ha aplicado satisfactoriamente. De hecho, es curioso la cantidad de los magistrados voces que encavalitam en las recomendaciones de organizaciones internacionales que Portugal es parte (GRECO incluido), por ejemplo, afirman que el inicio del partido premio y el enriquecimiento ilícito, y no ser las mismas voces capaces de decir una palabra que sea sobre estas recomendaciones. Sólo la esquizofrenia puede explicar la incapacidad (o falta de voluntad) de poner la casa en orden antes de reclamar por todo y algo más.

El GRECO entiende, por ejemplo, que el sistema de evaluaci√≥n de los jueces debe causar gran preocupaci√≥n en la preponderancia que da a criterios cuantitativos sobre cualitativos, revelando una insuficiente evaluaci√≥n dimensi√≥n √©tica del comportamiento del juez; en lo que a los fiscales se refiere, el GRECO se√Īala la insuficiente adopci√≥n de medidas de concienciaci√≥n de los valores y principios que deben orientar la actuaci√≥n de esta magistratura; finalmente, y siempre a t√≠tulo ilustrativo, es especialmente criticada la persistente no puesta a disposici√≥n, en una base de datos en l√≠nea similar a la de los tribunales de apelaci√≥n, de las resoluciones dictadas en primera instancia.

A este respecto, es impresivo el siguiente extracto del informe publicado en marzo de este a√Īo:la publicaci√≥n de las decisiones finales de los tribunales de primera instancia es conocida por traer un signo distintivo en t√©rminos de mejor rendici√≥n de cuentas de los jueces, un mejor acceso a la justicia y una mayor transparencia de su actuaci√≥n¬Ľ.

En este escenario, y volviendo a la comparaci√≥n entre lo que pueden (y deben) o no hacer los diferentes agentes de la justicia en materia de discusi√≥n p√ļblica sobre procesos pendientes, es hora de que el marco legal existente cambie radicalmente y de dejarnos de hipocres√≠as.

Sobre todo al nivel de la primera instancia, las magistraturas han sido absolutamente incapaces de informar adecuadamente a los ciudadanos sobre los procesos judiciales en curso.

Haciendo uso de un lenguaje dif√≠cilmente accesible a la gran mayor√≠a de las personas, limitando la informaci√≥n a media docena de Ideas clave (como el hecho de que alguien sea acusado o condenado y por qu√©) y no compartiendo el contenido integral de sus decisiones, las magistraturas contin√ļan muy lejos de poder decirse transparentes. Por las mismas razones, e incluso inadvertidamente, potencian la profusi√≥n de opiniones y de supuestas informaciones en el espacio medi√°tico que las m√°s de las veces se encuentran a√ļn m√°s distantes del rigor informacional que ya muy pocos reconocen a los medios de comunicaci√≥n.

Una sociedad que permite a quien acusa y juzga informar que un ciudadano es acusado o condenado, tiene que permitir con total libertad – y natural asociada responsabilidad – a quien lo defiende de informar sobre el error en que consiste dicha decisi√≥n. Si el escrutinio de la actuaci√≥n judicial no es convenientemente asegurado por los propios -no hay se√Īales que eso cambie a corto plazo-, s√≥lo los que quedan que tuvieron contacto directo con toda la decisi√≥n son capaces de asegurar convenientemente – los abogados.

Pero dejar en manos de un √≥rgano (y a√ļn m√°s singular) de la Orden la competencia para decidir, con amplia discrecionalidad, sobre si un abogado puede o no pronunciarse p√ļblicamente sobre un proceso en que interviene es, con toda franqueza , una mordaza que en 2018 no tiene sentido.

Es un expediente absolutamente in√ļtil en la pr√°ctica – incapaz de disuadir a quien prevarica -, contrario a la salvaguardia de los superiores intereses del cliente – es el abogado, mejor que nadie, la persona m√°s capaz de evaluar lo mejor y lo peor para los intereses de sus clientes – y potenciador de una desigualdad gritante entre la libertad de informar de las magistraturas y la de los abogados – permitiendo a los (pocos) magistrados incompetentes que se limitan a transmitir lo que les interesa, continuar la (in) formar la conciencia comunitaria de un modo determinado, sin que el abogado del visado sea l√≠cito, libre y responsablemente, decidir proporcionar la informaci√≥n que considere m√°s adecuada para salvaguardar los intereses de su cliente, en el tiempo, el modo y el lugar que mejor pueda entender.

Una justicia igual para todos no existirá nunca mientras persistan tiquetes Estado-novistas de subordinación -que no es sinónimo de respeto- de los abogados ante el Estado y sus agentes, magistraturas incluidas. Si el Estado tiene total libertad para informar que mi cliente ha sido acusado de algo, yo también deberé ser totalmente libre para informar, e incluso opinar, sobre la evaluación que hago de esa decisión, si a ello impusen los intereses de mi cliente. Sin amarras y sin mordazas. Con responsabilidad y sin (in) debidas venas.

Abogado en la PLMJ Penal

Nacho Vega

Nacho Vega. Nac√≠ en Cuba pero resido en Espa√Īa desde muy peque√Īito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interes√© por el periodismo y la informaci√≥n digital, campos a los que me he dedicado √≠ntegramente durante los √ļltimos 7 a√Īos. Encargado de informaci√≥n pol√≠tica y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook:¬†https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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