Hablar de justicia para los frikis





Según las reglas profesionales de los abogados, éstos no deben pronunciarse públicamente en los medios de comunicación sobre procesos aún en curso, excepto si se encuentran debidamente autorizados por órgano de la Orden, o en caso de que manifiesta urgencia, pero siempre contenidos y parro en lo que dicen.





Por el lado del Ministerio Público y de la magistratura judicial, las normas de los respectivos estatutos sólo permiten idéntica pronunciación en nombre de la salvaguardia del honor o de la realización de cualquier interés legítimo, pero siempre mediante previa autorización superior (jerárquico, en el caso del Ministerio Público, Consejo Superior de la Magistratura, en el caso de los jueces).

Hay, sin embargo, una diferencia significativa entre lo que se permite a los abogados ya los magistrados en materia de pronunciación sobre procesos no sujetos al régimen de secreto de justicia: mientras que para los abogados esta circunstancia es irrelevante, imponiéndose a ellos la misma contención que se exige si el proceso está protegido por el secreto, en el caso de los magistrados, a diferencia de estos procesos (sin secreto), no están cubiertas por el deber de reserva la información destinada a la realización de derechos o intereses legítimos, en particular el acceso a la información.

En nombre del acceso a la información, esta exclusión del deber de reserva de los magistrados, dirán algunos, justifica que se haga público que determinada persona es investigada, acusada, juzgada o condenada de la comisión de crímenes, aún antes de que cualquier decisión judicial sea definitiva. También son seguridad comunitaria y la paz social un sin número de veces invocadas para el mismo propósito.

No tengo la menor de las dudas que estos clamores públicos configuran realmente intereses legítimos y que en la gran mayoría de las situaciones son verdaderamente buenas intenciones de quien promueve o permite la noticia de la acusación o condena de alguien. Pero no seamos ingenuos, so pena de legitimar que los (pocos) magistrados incompetentes que promueven, o permiten, meros circos mediáticoso que sólo pretenden (y casi siempre alcanzan) una condena anticipada en la plaza pública, se mantengan escondidos -y peor que ellos, es su incompetencia- detrás de la discusión pública de lo que no debería ser discutido públicamente.

Por otro lado, la discusión pública de procesos judiciales, sobre todo de naturaleza criminal, no puede ser confundida con la necesaria transparencia de la actuación de los agentes públicos, magistrados incluidos. Esta transparencia se asegura a través de otros mecanismos, de los cuales, además, los magistrados son los principales impulsores, aquí pensando en las bases de datos de legislación y jurisprudencia por aquellos gestionados.

Es el conocimiento completo de las decisiones tomadas que permite afirmar esa transparencia, no sólo la titular de dos líneas de las que el magistrado la acusó o condenó B.





El sistema judicial portugués no se sienten cómodos con el hecho de que las organizaciones internacionales, como el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción, integrado en el Consejo de Europa) a tener en cuenta, en 2018, que un conjunto de 15 medidas recomendadas en 2016 (en la cuarta evaluación hecho Portugal), sólo 1 (!) se ha aplicado satisfactoriamente. De hecho, es curioso la cantidad de los magistrados voces que encavalitam en las recomendaciones de organizaciones internacionales que Portugal es parte (GRECO incluido), por ejemplo, afirman que el inicio del partido premio y el enriquecimiento ilícito, y no ser las mismas voces capaces de decir una palabra que sea sobre estas recomendaciones. Sólo la esquizofrenia puede explicar la incapacidad (o falta de voluntad) de poner la casa en orden antes de reclamar por todo y algo más.

El GRECO entiende, por ejemplo, que el sistema de evaluación de los jueces debe causar gran preocupación en la preponderancia que da a criterios cuantitativos sobre cualitativos, revelando una insuficiente evaluación dimensión ética del comportamiento del juez; en lo que a los fiscales se refiere, el GRECO señala la insuficiente adopción de medidas de concienciación de los valores y principios que deben orientar la actuación de esta magistratura; finalmente, y siempre a título ilustrativo, es especialmente criticada la persistente no puesta a disposición, en una base de datos en línea similar a la de los tribunales de apelación, de las resoluciones dictadas en primera instancia.

A este respecto, es impresivo el siguiente extracto del informe publicado en marzo de este año:la publicación de las decisiones finales de los tribunales de primera instancia es conocida por traer un signo distintivo en términos de mejor rendición de cuentas de los jueces, un mejor acceso a la justicia y una mayor transparencia de su actuación».

En este escenario, y volviendo a la comparación entre lo que pueden (y deben) o no hacer los diferentes agentes de la justicia en materia de discusión pública sobre procesos pendientes, es hora de que el marco legal existente cambie radicalmente y de dejarnos de hipocresías.

Sobre todo al nivel de la primera instancia, las magistraturas han sido absolutamente incapaces de informar adecuadamente a los ciudadanos sobre los procesos judiciales en curso.

Haciendo uso de un lenguaje difícilmente accesible a la gran mayoría de las personas, limitando la información a media docena de Ideas clave (como el hecho de que alguien sea acusado o condenado y por qué) y no compartiendo el contenido integral de sus decisiones, las magistraturas continúan muy lejos de poder decirse transparentes. Por las mismas razones, e incluso inadvertidamente, potencian la profusión de opiniones y de supuestas informaciones en el espacio mediático que las más de las veces se encuentran aún más distantes del rigor informacional que ya muy pocos reconocen a los medios de comunicación.

Una sociedad que permite a quien acusa y juzga informar que un ciudadano es acusado o condenado, tiene que permitir con total libertad – y natural asociada responsabilidad – a quien lo defiende de informar sobre el error en que consiste dicha decisión. Si el escrutinio de la actuación judicial no es convenientemente asegurado por los propios -no hay señales que eso cambie a corto plazo-, sólo los que quedan que tuvieron contacto directo con toda la decisión son capaces de asegurar convenientemente – los abogados.

Pero dejar en manos de un órgano (y aún más singular) de la Orden la competencia para decidir, con amplia discrecionalidad, sobre si un abogado puede o no pronunciarse públicamente sobre un proceso en que interviene es, con toda franqueza , una mordaza que en 2018 no tiene sentido.

Es un expediente absolutamente inútil en la práctica – incapaz de disuadir a quien prevarica -, contrario a la salvaguardia de los superiores intereses del cliente – es el abogado, mejor que nadie, la persona más capaz de evaluar lo mejor y lo peor para los intereses de sus clientes – y potenciador de una desigualdad gritante entre la libertad de informar de las magistraturas y la de los abogados – permitiendo a los (pocos) magistrados incompetentes que se limitan a transmitir lo que les interesa, continuar la (in) formar la conciencia comunitaria de un modo determinado, sin que el abogado del visado sea lícito, libre y responsablemente, decidir proporcionar la información que considere más adecuada para salvaguardar los intereses de su cliente, en el tiempo, el modo y el lugar que mejor pueda entender.

Una justicia igual para todos no existirá nunca mientras persistan tiquetes Estado-novistas de subordinación -que no es sinónimo de respeto- de los abogados ante el Estado y sus agentes, magistraturas incluidas. Si el Estado tiene total libertad para informar que mi cliente ha sido acusado de algo, yo también deberé ser totalmente libre para informar, e incluso opinar, sobre la evaluación que hago de esa decisión, si a ello impusen los intereses de mi cliente. Sin amarras y sin mordazas. Con responsabilidad y sin (in) debidas venas.

Abogado en la PLMJ Penal

Nacho Vega

Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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