El estado policial de la competencia





Adam Smith estaría lejos de imaginar que su comprensión de finales del siglo XVIII de que el libre mercado es el motor del progreso tendría que agregar, en el siglo XXI, que también es un freno para la libertad y el estado de derecho. Por qué Porque bajo el estandarte de la defensa del libre mercado, sin duda un factor estructurante de competitividad y protección del bienestar del consumidor, varias barreras y límites, previamente considerados insuperables, están en grave peligro de ser violados.





La denominada Directiva ECN +, que se está transponiendo a la legislación nacional, establece un conjunto de normas destinadas a fortalecer los poderes de investigación de las autoridades europeas de competencia, garantizando su independencia, aclarando o fortaleciendo el marco de sanciones por infracciones de las normas de competencia y armonizar otros aspectos en las leyes nacionales de competencia de los Estados miembros.

En Portugal, donde las infracciones de las normas de competencia no son de naturaleza penal sino transfronteriza, la transposición de la Directiva plantea cuestiones desafiantes de compatibilidad con la Constitución que requerirán al menos un equilibrio muy delicado. Por ejemplo, es suficiente considerar la interferencia con las comunicaciones que la Directiva pretende permitir que las autoridades de competencia investiguen.

Si bien es previsible que las búsquedas en teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, mensajería instantánea, tabletas, computadoras personales, servidores, entre otros, en el sistema legal nacional, varios tipos de delitos no se consideren lo suficientemente graves como para permitir el uso de evidencia que comprima tales derechos. como la privacidad de las comunicaciones.

Además, el proyecto de transposición también modifica una serie de otros asuntos, a menudo en la medida en que los derechos de las empresas que tienen la desgracia de ser investigados por sospechas de participación en una práctica restrictiva de la competencia se mantienen al mínimo. Este es el caso de la protección de la información incautada en búsquedas que contienen secretos comerciales, ya que la carga de la justificación sobre la empresa a menudo equivale a la denegación de la protección del secreto.

Lo mismo ocurre con el hecho de que se pretende que las apelaciones interlocutorias de la autoridad de competencia se suspendan por completo, lo que significa que las decisiones del AdC en el curso de los procedimientos son irrecuperables, aunque pueden dañar irreparablemente investigó los derechos de las empresas.

Habría otras soluciones mucho más equilibradas, como hacer que el juez decida si la apelación debe tener un efecto suspensivo, evitando el carácter meramente dilatorio que pueden tener algunas apelaciones, pero permitiendo, donde se justifique, el tribunal decide lo contrario. Lo mismo ocurre con el hecho de que se prevé expresamente que la forma en que las empresas responden a las violaciones de los derechos durante las búsquedas en sus instalaciones es únicamente una queja a las entidades que potencialmente los cometen, y las apelaciones directas y oportunas están prohibidas. un tribunal que evalúa de forma independiente e independiente y, cuando corresponde, previene posibles violaciones.





Estas y otras compresiones de derechos están previstas al mismo tiempo que el marco de sanciones comerciales se agrava aún más. La aclaración de que el volumen de negocios mundial de las empresas es el punto de referencia para las sanciones y la posibilidad de prohibir que los grupos económicos participen en licitaciones públicas son sanciones con un potencial tan devastador que, según un estado de derecho, tendrían que ir acompañadas de fortalecimiento significativo de los derechos de defensa de las empresas investigadas. Sin embargo, todo lo contrario es cierto.

El borrador está en consulta pública y la participación es más importante de lo que parece a primera vista. El aplicación La ley de competencia conduce a la creación de un estado policial dentro de otro estado, donde todo está permitido para quienes investigan y castigan, y cada vez menos para quienes son investigados y defendidos. No es al facilitar la investigación y el castigo que se usa la competencia.

La competencia sirve al investigar casos sólidos y bien fundados en los que se respetan los derechos de las empresas y la acción de la Autoridad puede ser sindicada a la Corte en todo momento. Si bien potencialmente se pierde en velocidad, se gana credibilidad. Y el camino no puede sino ser este.

Ana Gomez

Ana Gómez. Nació en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios años. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. También me considero una Geek, amante de la tecnología los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

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