El denunciante o 'el juego del gato y del ratón'



En Derecho penal, la figura del denunciante constituirá, quizá, uno de los mayores embarazos de nuestra justicia. No existe una investigación clara y precisa de las organizaciones delictivas, ya sean de tráfico de drogas, de crímenes económicos y financieros, en particular corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales, cuyo desmantelamiento no es posible sin la colaboración de la figura del denunciante, casi siempre un colaborador arrepentido proveniente del interior de esas organizaciones).

El reconocimiento de la necesidad del denunciante ("whistleblower"), llevó a la comunidad de Estados miembros del Consejo de Europa (más a Bielorrusia y los Estados Unidos) a formar el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción), organismo creado en 1999 con el " el objetivo de ayudar a las autoridades policiales que se ocupan de este tipo de crímenes, identificando deficiencias de actuación y proponiendo reformas legislativas e institucionales para su prevención y combate. El GRECO ha defendido la existencia de un Estatuto del denunciante, por considerar la denuncia «un instrumento importante para promover una cultura de transparencia e integridad y combatir la mala administración en general y la corrupción en particular en la administración pública y en el sector privado». Y concluye: «los denunciantes deben protegerse con la legislación adecuada.»

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), defendida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en cuyo informe del Grupo de trabajo sobre la corrupción del G20 establece, como prioridad, la necesidad de proteger a los denunciantes para evitar «acciones y represalias discriminatorias» para todos los que relatan actos sospechosos de corrupción.



Si bien existen convenios internacionales y europeos ratificado por Portugal, en la que recomienda la adopción de las medidas adecuadas para la protección efectiva de los denunciantes, el hecho es que nuestro país aún está lejos de la existencia de un estado de protección real.

Lo que hay se encuentra previsto en la Ley nº 19/2008, de 21 de abril, y se destina únicamente a los funcionarios de la administración pública y del sector empresarial del Estado, los cuales, desde 2008, disponen de escasas garantías de protección en caso de denuncia de infracciones. Gozan del beneficio del anonimato hasta la acusación, y la facultad de transferencia del puesto de trabajo tras la deducción de dicha acusación.

En el caso de los delitos de tráfico de personas, de asociación, la ley nº 93/99, de 14 de julio, para la protección de los testigos, en proceso penal, cuyos testimonios o declaraciones, bajo protección especial, se refieren a «crímenes de tráfico de personas, de asociación criminales, de terrorismo internacional o de organizaciones terroristas o, desde que sean punibles con una pena de prisión de máximo igual o superior a ocho años, a crímenes contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad de las personas, contra la libertad o la autodeterminación sexual de corrupción, de burla cualificada, de administración dañina que cause un perjuicio superior a un millón de euros, o cometidos por quien forma parte de una organización delictiva. »Sus declaraciones o declaraciones deben considerarse una aportación probatoria de relieve, y no puede se pone en duda su credibilidad como testigos.

Ahora bien, con tanta vergüenza, lo mínimo que se puede decir es que, a la luz de la legislación vigente, constituye un verdadero riesgo ser denunciante.

Dicho de otro modo: si la contribución del denunciante resulta útil para iniciar una investigación y para la apertura de una investigación, se promete protección. Pero, con el desarrollo de la misma investigación, si el denunciante pasa a desempeñar un papel secundario en la prueba de los hechos, entonces no se beneficiará de ninguna protección.

No podemos olvidar que a menudo los denunciantes forman parte de las organizaciones que denuncian y, por consiguiente, corren enormes riesgos cuando colaboran con las entidades policiales, sujetándose, por lo tanto, a amenazas de diverso orden, que pueden ir desde la pérdida de salario, al alejamiento de la participación en negocios que no están cubiertos por la ley de protección de testigos. Esto, claro, ya por no hablar de los peligros peligros en que incurren en su propia integridad física.

La protección de testigos deberá iniciarse tan pronto como el denunciante se presta a ayudar en las investigaciones. Y que esa protección tendrá que ser garantizada, por escrito, y no por meras palabras.

"Verba volant, scripta manent". Es decir, las palabras las lleva al viento …

Y, claro, en lo que se acuerda con las autoridades, considero que quien denuncia deberá tener derecho: 1) perdón de pena o reducción de la misma hasta dos tercios; 2) poder testimoniar en audiencia sin ser presencialmente; 3) se prohíbe formalmente la relevancia de su identidad por los medios de comunicación, incluso por fotografía o por cualquier otro tipo de imagen; 4) cumplir pena en establecimiento prisional diverso y siempre protegido; y 5) ser indemnizados por cualquier daño moral y patrimonial presentes o futuros, derivados de su colaboración, comprendiendo los sufridos por sus familiares como represalia.

En suma: sin legislación específica para protección de denunciantes continuaremos, eternamente, en el juego del gato y del ratón.

Socio Partner en Dantas Rodrigues & Asociados


Nacho Vega

Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebookhttps://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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