El caso de Dakota del Sur llama la atención sobre el debate sobre la pena de muerte en EE. UU.





Cincuenta días antes de las elecciones estadounidenses, hoja Comenzó a publicar la serie de reportajes “50 estados, 50 problemas”, que trata temas estructurales en EEUU y presente en la campaña electoral que decidirá si Donald Trump permanece en la Casa Blanca o si cede la presidencia a Joe Biden.





Hasta el 3 de noviembre, día de las elecciones, los 50 estados del país serán el punto de partida para analizar qué problemas tendrá que afrontar el próximo -o el mismo- líder estadounidense.

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El 13 de marzo de 2000, el pequeño Spearfish en Dakota del Sur amaneció con una trágica noticia: un joven residente de la ciudad había sido secuestrado, torturado y apedreado hasta la muerte por un trío de amigos que estaban bajo los efectos de las drogas.

Dos décadas después, el caso fue noticia este año después de que uno de los hombres condenados por el crimen apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar retrasar su ejecución.

Briley Piper, que tenía 19 años en el momento del asesinato, afirmó en el proceso que su abogado lo había engañado para que confesara el crimen y, por lo tanto, su sentencia de muerte debería ser anulada.

Pidió que la sentencia se convirtiera en cadena perpetua, la misma sentencia dada a uno de los otros participantes en el crimen: el tercero, Elijah Paige, fue ejecutado en 2007.





El tribunal rechazó la solicitud y Piper sigue siendo la única persona condenada a muerte en Dakota del Sur, a la espera de que se fije la fecha de su ejecución. Aun así, la acción logró llamar la atención nuevamente sobre el debate sobre la pena de muerte en el país.

El uso del procedimiento tiene cada vez menos apoyo, tanto en el sistema penal como entre la población.

Una encuesta de Gallup en 1985 señaló que el 56% de los estadounidenses defendía la pena de muerte como la condena más dura del sistema penal, frente al 34% a favor de la cadena perpetua. En la última encuesta, a finales de 2019, las cifras se invirtieron, con un 36% a favor de la pena de muerte y un 60% de la cadena perpetua.

Actualmente, 28 estados permiten la modalidad, pero la mayoría de ellos no aplica el procedimiento en la práctica. Según datos del Centro de Información sobre Pena de Muerte, desde principios de 2019, solo siete estados llevaron a cabo ejecuciones: Dakota del Sur (1 ejecución), Florida (2), Missouri (2), Georgia (4), Alabama (4 ), Tennessee (4) y Texas (12).

«Debido a los problemas que plantea la pena de muerte, cada vez son menos los fiscales que buscan esa pena y, cuando lo hacen, los jueces y el juris no suelen dictar la condena», explica Rob Warden, profesor de derecho en la Universidad de Northwestern.

Además de los estados, los delitos federales también se pueden castigar con la pena de muerte, pero esto rara vez ocurre. Entre 1976, cuando la Corte Suprema volvió a autorizar el procedimiento, y 2019, solo se llevaron a cabo tres ejecuciones federales en Estados Unidos, todas bajo el mandato de George W. Bush.

Donald Trump, sin embargo, rompió con la tradición y anunció el año pasado que su gobierno volvería a ejecutar convictos; ha habido siete desde entonces. La posición del actual presidente refleja la opinión de la mayoría de los republicanos, que siguen a favor de la pena de muerte.

Así, ya ha manifestado que, de ser reelegido, mantendrá la autorización para las ejecuciones federales e indicó que le gustaría extender el castigo también a los narcotraficantes – por decisión judicial, actualmente solo las personas involucradas en asesinatos pueden recibir la sentencia.

Su oponente en la carrera presidencial, Joe Biden, anunció en junio del año pasado que había cambiado de posición al respecto. Después de pasar décadas defendiendo la pena de muerte, el demócrata ahora dice que está en contra de su uso y ha anunciado que prohibirá las ejecuciones federales si es elegido.

Pese a la posición antagónica de los candidatos, el asunto se ha dejado de lado en la disputa actual. “Durante la campaña, no hubo un debate serio u otra discusión sobre la pena capital”, resume el abogado Ronald J. Tabak, experto en el tema.

Nacho Vega

Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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