Democracia con los pechos de lana





Hay un espectro que asombra a Europa, pero esta vez no es el espectro del comunismo.





El espectro es cesarista, como le llama Rosanvallon, una deriva de autoritarismo plebiscitado, que los soci贸logos modernos definen por democratura y que tiene ejemplos recientes en Hungr铆a, Polonia o Turqu铆a, entre otros.

En la democratizaci贸n no hay base racional para el debate. Se alimenta de teor铆as conspirativas para reivindicar -malmente mortificada pero, en verdad, con c铆nico consuelo demag贸gico- el fin del d茅ficit de representaci贸n democr谩tica y el retorno de la ley y del orden conforme a la l贸gica del poder egocr谩tico.

Este espectro no se agita s贸lo hacia la antigua cortina de hierro. 脡l ya empieza a asombrar, pie ante el pie felpudo, las fronteras m谩s cercanas, si es que ya no entr贸 en ellas, qu茅 virus disfrazado de seducci贸n populista.

Las democraturas tienen de la justicia, como de la prensa, una idea confusa, pero sobre todo desconfiada, cuando no odiosa, si ellas son tan independientes como inc贸modas para las 茅lites culpables, ya sean pol铆ticas o econ贸micas, que desean ejercer un poder absoluto, libre de molestias , las oposiciones o la competencia.

Seg煤n la democracia, la justicia anda en rueda libre y hay que echarle la mano. Dejarle la mano es, nada m谩s, nada menos que acabar con la justicia democr谩tica y hacer de ella una caricatura para dejar de aborrecer las mismas 茅lites.

En el ejemplo turco del hombre-pueblo encarnado por Erdogan, el estado de emergencia constantemente renovado con el pretexto de Putsh de 15 de julio de 2016 transform贸 el poder judicial en un poder tutelado pol铆ticamente. Es el hombre-pueblo quien nombra a 12 de los 15 miembros del Tribunal Constitucional y 6 de los 13 miembros del Alto Consejo de Jueces y de Procuradores, el equivalente a nuestro Consejo Superior de la Magistratura o de nuestro Consejo Superior del Ministerio P煤blico. Los dem谩s 7 miembros son designados por la Asamblea Nacional. Despu茅s de golpe de estado, miles de jueces y fiscales fueron suspendidos o despedidos, dejados sin modo de vida o subsistencia. A la par de los jueces y fiscales, miles de funcionarios p煤blicos, periodistas y abogados fueron acusados 鈥嬧媦 degradados a la infamia de traidores. De los que fueron purgados no podemos olvidar a Murat Arslan, presidente de la asociaci贸n de magistrados independientes turcos, que sigue preso desde octubre de 2016 ya quienes los magistrados sustitutos, d贸ciles al poder, contin煤an negando la libertad. La amenaza de la pena de muerte tambi茅n ha vuelto.





En el ejemplo h煤ngaro, que a煤n resiste a las fr谩giles amenazas de la UE, el partido de Victor Orban, llegado al poder en 2010, se apresur贸 a abatir las garant铆as constitucionales del poder judicial para someter al control del poder ejecutivo, blandiendo el dictamen de que la democracia es la dictadura de la mayor铆a sobre la minor铆a. La castraci贸n de la justicia comenz贸 por la reducci贸n de la edad de la reforma de los magistrados, que pas贸 de los 70 a los 62 a帽os, llevando a la neutralizaci贸n de los jueces m谩s experimentados y ciertamente de los m谩s resistentes a los cambios. Los nuevos magistrados pasaron a ser nombrados por el poder ejecutivo, as铆 como los que pasaron a ocupar el Tribunal Supremo, desde que cerca del poder. El efecto disuasorio de estas medidas sobre las veleidades judiciales m谩s cr铆ticas o independientes se ha cumplido plenamente.

En el ejemplo polaco, el partido conservador derecho y justicia (PiS), llegado nuevamente al poder en 2015, comenz贸 por expurgar a los periodistas inc贸modos, por falta de objetividad, y avanz贸 contra el poder judicial, empezando por la reforma del Tribunal Constitucional, donde las decisiones para ser vinculantes, tienen que ser votadas por una mayor铆a cualificada de 13 jueces sobre 15, lo que signific贸 la completa par谩lisis de la fiscalizaci贸n de la constitucionalidad de las leyes en nombre de la virtuosa ret贸rica de la supremac铆a del principio electivo: manda quien es electo y quien hace leyes.

Adem谩s, en 2016, el ministro de Justicia pas贸 a ser tambi茅n el procurador general de la rep煤blica.

El control sobre todo el Ministerio P煤blico pas贸 a ser pol铆tico-ejecutivo, al que se ali贸 naturalmente el poder sobre la polic铆a judicial. Forzados o por voluntad propia, cientos de procuradores abandonaron la magistratura.

La ret贸rica de limpieza fue constantemente la de estar luchando contra el corporativismo de la magistratura, la rueda libre de la justicia y sus disfunciones – que tambi茅n hemos escuchado recientemente a algunas eminencias pardas de nuestra opini贸n p煤blica -; adem谩s de la sospechosa lanzada sobre los magistrados polacos de los que eran corruptos, malandros y comunistas.

La reforma forzada de jueces y de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, correspondiente a nuestros Consejos, y el poder del Ministro de Justicia de nombrar y dimitir magistrados sirvi贸 la misma ret贸rica que no era m谩s que un asalto al poder judicial, en nombre del mismo, equilibrio de poderes y en nombre de la restauraci贸n de la democracia en las magistraturas. Hemos o铆do recientemente casi lo mismo, a prop贸sito de la reforma del Consejo Superior del Ministerio P煤blico, cuando se debati贸 en general la propuesta de ley de modificaci贸n del estatuto del Ministerio P煤blico.

No fue sin resistencia que esas medidas pasaron. Muchos se manifestaron en Polonia contra estas medidas escandalosas ya favor de la Constituci贸n, y no s贸lo fueron magistrados.

La Comisi贸n Europea inici贸 un procedimiento basado en la infracci贸n del art铆culo 7 del Tratado de la UE, que lleg贸 del TJUE una respuesta en octubre de este a帽o, ordenando que parte de la reforma judicial emprendida, en particular la que se refer铆a al Tribunal Supremo y la reforma de sus jueces, fuera inmediatamente suspendida por ser un ataque al principio de la independencia del poder judicial.

La Comisi贸n de Venecia, 贸rgano del Consejo de Europa (CoE), emiti贸 una opini贸n que evidenciaba el grave peligro para la subsistencia del Estado de Derecho democr谩tico y la independencia de todo el sistema judicial, tal era golpe del poder ejecutivo y legislativo sobre el poder judicial .

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la UE, en el asunto C-216/18 PPU, que opuso a un ciudadano polaco al Ministro de Justicia e Igualdad Polaco, en relaci贸n con la ejecuci贸n de un Mandamiento de detenci贸n europeo emitido por Polonia, decidi贸 que "Una autoridad judicial llamada a ejecutar una orden de detenci贸n europea debe abstenerse de aplicarlo si considera que existe un riesgo real de que la persona afectada sufra una violaci贸n de su derecho fundamental a un tribunal independiente y, por lo tanto, su derecho fundamental a un juicio justo debido a deficiencias que pueden afectar a la independencia del poder judicial en el Estado miembro de emisi贸n".

La propia Red Europea de Consejos de Justicia, de forma un谩nime, suspendi贸 de su seno el KRS (Consejo Superior Judicial Polaco) por considerar que violaba los estatutos de la Red, en la medida en que no garantizaba la independencia y autonom铆a en la administraci贸n de la justicia en Polonia . Los Consejos Superiores, dice la RECJ, tienen por fundamental funci贸n la salvaguardia de la independencia del poder judicial y de cada uno de sus magistrados y debe ser independiente del poder pol铆tico ejecutivo o legislativo, enviando as铆 un claro mensaje de condena al poder pol铆tico polaco .

Este espectro se ha difundido por Malta, la Rep煤blica Checa, Luxemburgo o Ucrania.

驴C贸mo puede existir una justicia con par谩metros m铆nimos de m谩xima independencia, de m谩xima imparcialidad y de m谩xima integridad si quien ejerce esa justicia es directamente nombrado, condicionado o puesto bajo el temor reverencial del poder pol铆tico?

La justicia es para ser ejercida en nombre del pueblo y no en nombre del poder pol铆tico, lo que nos trae a la reciente discusi贸n parlamentaria sobre la propuesta de ley que pretende aprobar el nuevo Estatuto del Ministerio P煤blico y en el que, por sorpresa, dos partidos del centro pol铆tico, el Bloque Central PS y PSD, se pusieron aparentemente de acuerdo para discutir y probablemente alterar la composici贸n del Consejo Superior del Ministerio P煤blico, uno de forma clara, otro de forma sibilina -seg煤n dicen- para equilibrar la representaci贸n democr谩tica de quien compone el Consejo, sea por la equivalencia de miembros pol铆ticos o nombrados pol铆ticamente, sea por su predominancia, a semejanza viable de lo que sucede con el Consejo Superior de la Magistratura, donde 8 miembros son magistrados y 9 elegidos por el poder pol铆tico.

Es aqu铆 donde el espectro tambi茅n nos empieza a asombrar, el espectro de la regresi贸n del Estado de Derecho democr谩tico basado en la separaci贸n de poderes.

Y comienza con un equ铆voco remedio.

Si hay alg煤n error de composici贸n de los Consejos Superiores de la magistratura, ese error existe en la composici贸n del Consejo Superior de la Magistratura. Es el que necesita ser afinado y no el Consejo Superior del Ministerio P煤blico.

GRECO, 贸rgano del Consejo de Europa en su recomendaci贸n VI del cuarto informe de evaluaci贸n en Portugal (2016), con el prop贸sito de prevenir la corrupci贸n de los parlamentarios, jueces y fiscales, ha se帽alado que "El papel de los consejos judiciales como garantes de la independencia de los jueces y judiciales se ve reforzado, en particular, al establecer en la ley que no menos de la mitad de sus miembros son jueces elegidos por sus pares".

Lo mismo GRECO en su informe de 2018 sobre el cumplimiento de la evaluaci贸n realizada en el a帽o 2016, ha criticado el hecho de que su recomendaci贸n VI no se han aplicado, a pesar de las promesas hechas por las autoridades portuguesas.

La Oficina del Relator Especial de la ONU de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Gabriela Knaul, en su informe de 2015 sobre Portugal, apoy贸 las preocupaciones de la Asociaci贸n Sindical de jueces portugueses en la composici贸n de la SJC, que consiste principalmente de los miembros no electos por sus pares, y solicit贸 la adopci贸n de un modelo de composici贸n del CSM, teniendo en cuenta, por ejemplo, la recomendaci贸n de 2010 del Comit茅 de Ministros del Consejo de Europa, que sugiere que al menos la mitad de los miembros del Consejo sean jueces elegidos por sus pares.

La Comisi贸n de Venecia, a la que ya nos referimos, a prop贸sito de los est谩ndares internacionales del gobierno de los magistrados, ha llamado la atenci贸n y ha emitido recomendaciones o opiniones sobre la composici贸n de los Consejos Superiores y sobre la presencia de miembros no magistrados. Sobre estos ha hecho varias veces notar que ni siquiera hay garant铆as que tengan formaci贸n jur铆dica, aunque tengan responsabilidades para decidir en procesos disciplinarios y otros que involucra la interpretaci贸n y la aplicaci贸n de la constituci贸n y de las leyes.

No se percibe que algunos opinantes a la participaci贸n de la sociedad civil en los Consejos, quedando sin saber si pretenden que en ellos se representen los talhantes, los cazadores o los estigadores, entre otros hombres buenos, como si no fuera cierto que, en la pr谩ctica, los miembros no magistrados son siempre juristas de formaci贸n y en su mayor铆a abogados.

A este respecto, la misma Comisi贸n de Venecia y el GRECO subrayan que estos miembros no magistrados pueden estar en los Consejos en tiempo Parcialun hecho no despreciable si tenemos en cuenta que, de hecho, estos miembros no magistrados quedan expuestos a toda jerarqu铆a ya lazos profesionales que siguen preservando como intereses propios, que no tienen nada que ver con la funci贸n que ejercen en los Consejos en el sector privado, ya sea en el sector p煤blico, donde siguen recibiendo su salario y tienen que rendir cuentas, quedando en la dependencia de los intereses que los sostienen y emplean.

El conflicto de intereses es patente y a帽ade las sospechas. Tanto las funciones en tiempo Parcial de los miembros no magistrados, en cuanto a la falta de una mayor铆a de magistrados en los Consejos est谩n identificados por los organismos m谩s representativos del CoE y la prevenci贸n de la corrupci贸n como amenazas potenciales a la independencia del poder judicial.

Estas preocupaciones son bien analizados y se reflejan en la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Tribunal de Derechos Humanos en relaci贸n precisamente un caso contra Portugal, caso Nunes Ramos de Carvalho e S谩, en la que se discuten los par谩metros b谩sicos de la independencia judicial de la garant铆a y entre ellos el de que una mayor铆a de miembros de los Consejos judiciales deben ser elegidos por sus pares.

驴Cu谩l es, despu茅s de todo, la importancia de los Consejos Superiores, y de su composici贸n mayoritaria por magistrados, en la garant铆a de la independencia de la justicia?

Los Consejos tienen una importancia decisiva en el nombramiento y la carrera de los magistrados, sea para su promoci贸n, sea para su disciplina.

La carrera y disciplina de los magistrados tienen que estar cubiertas de cualquier influencia o control pol铆tico, sea del poder ejecutivo, sea del poder legislativo. En la pr谩ctica, la traducci贸n concreta de la independencia interna y externa, en lo que respecta a los jueces, y que, para el Ministerio P煤blico, tiene la misma equivalencia en la autonom铆a interna y externa.

No se trata aqu铆 de corporativismo o de anacronismo rom谩ntico, como dicen aquellos que pretenden ofuscar la discusi贸n, al llamar salazar a esa resistencia a la sociedad civil ya la intervenci贸n de los partidos pol铆ticos en el nombramiento de los miembros de los Consejos.

Quien lo hace se olvida que fue con el Estado Nuevo y con Salazar, desde 1932, que el Consejo Superior Judicial fue transfigurado en una c谩mara de eco del poder del dictador, a trav茅s de su composici贸n, en su totalidad, por miembros elegidos por el Gobierno, r茅gimen que s贸lo se modific贸 en 1976, donde dejaron de existir miembros nombrados por el poder pol铆tico.

En el caso de que el Consejo Superior del Ministerio P煤blico, compuesto mayoritariamente por miembros no magistrados, podr谩 decidir sobre el nombramiento, carrera y disciplina de los magistrados del Ministerio P煤blico?

De acuerdo con la propuesta de ley en discusi贸n y en la que esta cuesti贸n sobre la composici贸n del CSMP se centra, el CSMP tiene la competencia disciplinaria y de gesti贸n de los cuadros del Ministerio P煤blico. Se le debe nombrar, colocar, transferir, exonerar, apreciar el m茅rito profesional, ejercer la acci贸n disciplinaria sobre los magistrados del Ministerio P煤blico. Le corresponde nombrar al Viceministro General de la Rep煤blica y proveer los puestos de Procuradores Generales Regionales. Se le debe aprobar el reglamento electoral, el reglamento interno de la PGR, el reglamento de inspecci贸n del Ministerio P煤blico y dem谩s reglamentos que le est茅n reservados aprobar. Se le debe aprobar la propuesta de presupuesto de la PGR. Se le debe deliberar y emitir directivas en materia de organizaci贸n interna y de gesti贸n de cuadros. Se le debe proponer al PGR la emisi贸n de directivas a las que debe obedecer la actuaci贸n de los magistrados del Ministerio P煤blico. Se le debe determinar la realizaci贸n de averiguaciones, inspecciones, sindicatos, encuestas y procesos disciplinarios. Le corresponde aprobar el reglamento del DCIAP. Se le debe decidir sobre los criterios de movilidad de los magistrados (reasignaci贸n, asignaci贸n de procesos, acumulaci贸n, agregaci贸n y sustituci贸n). Se le debe deliberar sobre el acceso a la Fiscal General Adjunto y nombrar a los miembros del jurado del concurso respectivo, que tambi茅n regula. Se le debe deliberar sobre los movimientos de magistrados. Cabe nombrar al Director de los DIAP's y de los DIAP's distritales y deliberar sobre la provisi贸n de puestos de fiscales de la rep煤blica en los mismos DIAP's distritales. Se le debe deliberar sobre la provisi贸n de puestos de magistrado del Ministerio P煤blico coordinadores de comarca. Se le debe decidir sobre la provisi贸n del puesto de director del DCIAP y de los Procuradores Generales Adjuntos y fiscales que desempe帽en en 茅l funciones. Se le debe deliberar sobre la provisi贸n del puesto de director del departamento de contencioso del Estado e intereses colectivos y difusos y deliberar sobre la provisi贸n de los puestos de los dem谩s magistrados que all铆 vengan a ejercer funciones. Se le debe deliberar sobre la provisi贸n de los puestos de director de los departamentos de tecnolog铆a e informaci贸n, del departamento de cooperaci贸n judicial y de las relaciones internacionales y de las dem谩s oficinas de coordinaci贸n nacional y nombrar qui茅n los compone. Le corresponde aplicar medidas y sanciones disciplinarias. Se le debe ordenar la realizaci贸n de averiguaciones sobre queja, participaci贸n o informaci贸n que no constituya una violaci贸n manifiesta de los deberes de los magistrados del Ministerio P煤blico.

Tales competencias estructurales en el funcionamiento del Ministerio P煤blico transforman la composici贸n del CSMP en una cuesti贸n decisiva sobre las garant铆as de autonom铆a interna y de autonom铆a externa del Ministerio P煤blico y de los respectivos magistrados.

Es por ello una discusi贸n que no puede ser aligerada bajo la denominaci贸n de "controvertida", pues una nueva composici贸n del CSMP que haga prevalecer la influencia del poder pol铆tico o de quien lo representa por nombramiento, s贸lo asegura – contra todas las indicaciones fetop谩ticas lanzadas por las autoridades las instituciones internacionales, la efectiva malformaci贸n cong茅nita del Estatuto del Ministerio P煤blico, que el bloque central quiere hacer discutir y aprobar, con el riesgo de desestructurar el sistema constitucional del Estado de Derecho y de la separaci贸n de poderes.

Habr谩 siempre, por parte del poder pol铆tico, incluso en democracia, la voluntad de condicionar la justicia, empezando por el Ministerio P煤blico, por ser una magistratura de promoci贸n e iniciativa.

Como ya dijimos en otra ocasi贸n, es in煤til tener un juez independiente en la jurisdicci贸n penal si no existe un 贸rgano tambi茅n independiente que le requiere la aplicaci贸n de la ley penal de modo igual para todos. Pero para ser considerado autoridad judicial independiente no basta no basta al Ministerio P煤blico la designaci贸n de aut贸nomo. Es necesario el concurso de un conjunto de caracter铆sticas que aseguren la prerrogativa. Para ser una magistratura cre铆ble en el cumplimiento de sus atribuciones, constitucionales y legales, y para asegurar el acceso imparcial a la justicia, tiene que rechazar cualquier punto de equilibrio o de dependencia en relaci贸n al poder ejecutivo (los dos pilares – Gobierno y Presidente de la Rep煤blica) y en relaci贸n con el poder legislativo.

Garantizar la distancia efectiva hacia el poder pol铆tico es condici贸n para exigir al Ministerio P煤blico responsabilidad y rendici贸n de cuentas y es condici贸n indispensable para conquistar confianza en la justicia, tratar de igual modo a todos los ciudadanos a los ojos de la ley democr谩tica y preservar v铆nculos sociales. El Ministerio P煤blico s贸lo debe fidelidad a la democracia, lealtad a la Constituci贸n y al Derecho y servicio a los ciudadanos.

Para eludir las molestias que una justicia independiente promovida por el Ministerio P煤blico puede causar, nada m谩s evidente que controlar el modo en que se escogen los magistrados, c贸mo se colocan los magistrados en los lugares clave y c贸mo se pueden descartar.

Y para ello es fundamental controlar pol铆ticamente al Consejo Superior del Ministerio P煤blico, que deja de ser el garante de su autonom铆a.

A este control se asocia todo el nuevo marco del Estatuto, que a la par del ya de s铆 cr铆tico modelo constitucional de nombramiento pol铆tico del PGR, viene a acentuar los deberes y las sanciones y la posibilidad de accionar el bord贸n disciplinario sobre la espalda de los fiscales, a la par de un sistema de consolidaci贸n de la confianza jer谩rquica en la ocupaci贸n de cargos, aspectos ya escrutados por el SMMP en su dictamen sobre la propuesta del nuevo Estatuto.

No menos importante que eso, la direcci贸n de la investigaci贸n criminal, dados los poderes del CSMP en la provisi贸n de los puestos para departamentos m谩s representativos, quedar谩 para siempre bajo la sospechosa de que acusar o no acusar, llevar a juicio o recurrir ser谩 una opci贸n pol铆ticamente contaminada y no imparcial o integra, apartada de criterios de legalidad y de objetividad.

La posici贸n institucional del Ministerio P煤blico, si es un instrumento del poder pol铆tico, no garantiza exenci贸n e imparcialidad de actuaci贸n y termina por condicionar la posici贸n de independencia e imparcialidad de los propios tribunales, como la Comisi贸n Constitucional se帽al贸 en el Dictamen n潞 8/82 .

Se dice que no se quiere un Ministerio P煤blico que a trav茅s del Estatuto defina objetivos preferenciales en atenci贸n a la calidad de los sujetos, en particular los titulares de cargos pol铆ticos o de altos cargos p煤blicos en los cr铆menes de corrupci贸n, recepci贸n indebida de ventaja, tr谩fico de influencia, participaci贸n econ贸mica en negocio y prevaricaci贸n.

Para quien le gusta recordar a Camus, comprendemos que Camus dec铆a que cre铆a en la justicia pero que no la defender铆a si antes tuviera que defender a su madre. 隆Pero madre es madre! Sacrificar principios a otro tipo de parientes, afiliados o amigos pol铆ticos ya no parece acorde con quien tiene responsabilidades pol铆tico-legislativas.

Se dir谩 que la cuesti贸n de la composici贸n del Consejo por una mayor铆a de no magistrados constituye la piedra de cierre del apetito por el control de la pol铆tica criminal y por la presentaci贸n de los fiscales a ese control y manipulaci贸n, comprobando el movimiento de recuperaci贸n los poderes pol铆tico-gobernadores en la investigaci贸n criminal, hasta ahora se asientan predominantemente en el condicionamiento de los medios, pero que tambi茅n se ha evidenciado en los constantes ataques a su estatuto, a su independencia e inamovibilidad -y ahora tambi茅n a los principios relativos a la composici贸n de los consejos superiores-, para adem谩s de la reciente disminuci贸n de su remuneraci贸n, junto a la permanente austeridad y falta de recursos, en un cuadro de crecientes dificultades de acceso a la justicia.

Si la propuesta del bloque central pasa ser谩 una regresi贸n democr谩tica y el gobierno del Ministerio P煤blico pasar谩 a ser hecho por la administraci贸n del miedo sobre sus magistrados.

Pero tambi茅n queda una advertencia sincera: Cuando alg煤n caso extravasado de la judicatura al pol铆tico, quien se esconde pragm谩ticamente de sus responsabilidades pol铆ticas invocando la autonom铆a del Ministerio P煤blico, dejar谩 de aprovecharse de ese subterfugio, pues la responsabilidad por los casos criminales ser谩 puramente pol铆tica.

No hay ning煤n complejo de Cassandra en la evocaci贸n de todos los peligros.

En realidad, el espectro que asombra a Europa no necesita los m茅todos de Erdogan, Orban o Kaczy艅sk.

Puede llegar de sorpresa y en pechugas de lana.

Secretario General del SMMP y representante del SMMP en Medel

Nacho Vega

Nacho Vega. Nac铆 en Cuba pero resido en Espa帽a desde muy peque帽ito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interes茅 por el periodismo y la informaci贸n digital, campos a los que me he dedicado 铆ntegramente durante los 煤ltimos 7 a帽os. Encargado de informaci贸n pol铆tica y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook:聽https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *