Democracia con los pechos de lana





Hay un espectro que asombra a Europa, pero esta vez no es el espectro del comunismo.





El espectro es cesarista, como le llama Rosanvallon, una deriva de autoritarismo plebiscitado, que los sociólogos modernos definen por democratura y que tiene ejemplos recientes en Hungría, Polonia o Turquía, entre otros.

En la democratización no hay base racional para el debate. Se alimenta de teorías conspirativas para reivindicar -malmente mortificada pero, en verdad, con cínico consuelo demagógico- el fin del déficit de representación democrática y el retorno de la ley y del orden conforme a la lógica del poder egocrático.

Este espectro no se agita sólo hacia la antigua cortina de hierro. Él ya empieza a asombrar, pie ante el pie felpudo, las fronteras más cercanas, si es que ya no entró en ellas, qué virus disfrazado de seducción populista.

Las democraturas tienen de la justicia, como de la prensa, una idea confusa, pero sobre todo desconfiada, cuando no odiosa, si ellas son tan independientes como incómodas para las élites culpables, ya sean políticas o económicas, que desean ejercer un poder absoluto, libre de molestias , las oposiciones o la competencia.

Según la democracia, la justicia anda en rueda libre y hay que echarle la mano. Dejarle la mano es, nada más, nada menos que acabar con la justicia democrática y hacer de ella una caricatura para dejar de aborrecer las mismas élites.

En el ejemplo turco del hombre-pueblo encarnado por Erdogan, el estado de emergencia constantemente renovado con el pretexto de Putsh de 15 de julio de 2016 transformó el poder judicial en un poder tutelado políticamente. Es el hombre-pueblo quien nombra a 12 de los 15 miembros del Tribunal Constitucional y 6 de los 13 miembros del Alto Consejo de Jueces y de Procuradores, el equivalente a nuestro Consejo Superior de la Magistratura o de nuestro Consejo Superior del Ministerio Público. Los demás 7 miembros son designados por la Asamblea Nacional. Después de golpe de estado, miles de jueces y fiscales fueron suspendidos o despedidos, dejados sin modo de vida o subsistencia. A la par de los jueces y fiscales, miles de funcionarios públicos, periodistas y abogados fueron acusados ​​y degradados a la infamia de traidores. De los que fueron purgados no podemos olvidar a Murat Arslan, presidente de la asociación de magistrados independientes turcos, que sigue preso desde octubre de 2016 ya quienes los magistrados sustitutos, dóciles al poder, continúan negando la libertad. La amenaza de la pena de muerte también ha vuelto.





En el ejemplo húngaro, que aún resiste a las frágiles amenazas de la UE, el partido de Victor Orban, llegado al poder en 2010, se apresuró a abatir las garantías constitucionales del poder judicial para someter al control del poder ejecutivo, blandiendo el dictamen de que la democracia es la dictadura de la mayoría sobre la minoría. La castración de la justicia comenzó por la reducción de la edad de la reforma de los magistrados, que pasó de los 70 a los 62 años, llevando a la neutralización de los jueces más experimentados y ciertamente de los más resistentes a los cambios. Los nuevos magistrados pasaron a ser nombrados por el poder ejecutivo, así como los que pasaron a ocupar el Tribunal Supremo, desde que cerca del poder. El efecto disuasorio de estas medidas sobre las veleidades judiciales más críticas o independientes se ha cumplido plenamente.

En el ejemplo polaco, el partido conservador derecho y justicia (PiS), llegado nuevamente al poder en 2015, comenzó por expurgar a los periodistas incómodos, por falta de objetividad, y avanzó contra el poder judicial, empezando por la reforma del Tribunal Constitucional, donde las decisiones para ser vinculantes, tienen que ser votadas por una mayoría cualificada de 13 jueces sobre 15, lo que significó la completa parálisis de la fiscalización de la constitucionalidad de las leyes en nombre de la virtuosa retórica de la supremacía del principio electivo: manda quien es electo y quien hace leyes.

Además, en 2016, el ministro de Justicia pasó a ser también el procurador general de la república.

El control sobre todo el Ministerio Público pasó a ser político-ejecutivo, al que se alió naturalmente el poder sobre la policía judicial. Forzados o por voluntad propia, cientos de procuradores abandonaron la magistratura.

La retórica de limpieza fue constantemente la de estar luchando contra el corporativismo de la magistratura, la rueda libre de la justicia y sus disfunciones – que también hemos escuchado recientemente a algunas eminencias pardas de nuestra opinión pública -; además de la sospechosa lanzada sobre los magistrados polacos de los que eran corruptos, malandros y comunistas.

La reforma forzada de jueces y de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, correspondiente a nuestros Consejos, y el poder del Ministro de Justicia de nombrar y dimitir magistrados sirvió la misma retórica que no era más que un asalto al poder judicial, en nombre del mismo, equilibrio de poderes y en nombre de la restauración de la democracia en las magistraturas. Hemos oído recientemente casi lo mismo, a propósito de la reforma del Consejo Superior del Ministerio Público, cuando se debatió en general la propuesta de ley de modificación del estatuto del Ministerio Público.

No fue sin resistencia que esas medidas pasaron. Muchos se manifestaron en Polonia contra estas medidas escandalosas ya favor de la Constitución, y no sólo fueron magistrados.

La Comisión Europea inició un procedimiento basado en la infracción del artículo 7 del Tratado de la UE, que llegó del TJUE una respuesta en octubre de este año, ordenando que parte de la reforma judicial emprendida, en particular la que se refería al Tribunal Supremo y la reforma de sus jueces, fuera inmediatamente suspendida por ser un ataque al principio de la independencia del poder judicial.

La Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa (CoE), emitió una opinión que evidenciaba el grave peligro para la subsistencia del Estado de Derecho democrático y la independencia de todo el sistema judicial, tal era golpe del poder ejecutivo y legislativo sobre el poder judicial .

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la UE, en el asunto C-216/18 PPU, que opuso a un ciudadano polaco al Ministro de Justicia e Igualdad Polaco, en relación con la ejecución de un Mandamiento de detención europeo emitido por Polonia, decidió que "Una autoridad judicial llamada a ejecutar una orden de detención europea debe abstenerse de aplicarlo si considera que existe un riesgo real de que la persona afectada sufra una violación de su derecho fundamental a un tribunal independiente y, por lo tanto, su derecho fundamental a un juicio justo debido a deficiencias que pueden afectar a la independencia del poder judicial en el Estado miembro de emisión".

La propia Red Europea de Consejos de Justicia, de forma unánime, suspendió de su seno el KRS (Consejo Superior Judicial Polaco) por considerar que violaba los estatutos de la Red, en la medida en que no garantizaba la independencia y autonomía en la administración de la justicia en Polonia . Los Consejos Superiores, dice la RECJ, tienen por fundamental función la salvaguardia de la independencia del poder judicial y de cada uno de sus magistrados y debe ser independiente del poder político ejecutivo o legislativo, enviando así un claro mensaje de condena al poder político polaco .

Este espectro se ha difundido por Malta, la República Checa, Luxemburgo o Ucrania.

¿Cómo puede existir una justicia con parámetros mínimos de máxima independencia, de máxima imparcialidad y de máxima integridad si quien ejerce esa justicia es directamente nombrado, condicionado o puesto bajo el temor reverencial del poder político?

La justicia es para ser ejercida en nombre del pueblo y no en nombre del poder político, lo que nos trae a la reciente discusión parlamentaria sobre la propuesta de ley que pretende aprobar el nuevo Estatuto del Ministerio Público y en el que, por sorpresa, dos partidos del centro político, el Bloque Central PS y PSD, se pusieron aparentemente de acuerdo para discutir y probablemente alterar la composición del Consejo Superior del Ministerio Público, uno de forma clara, otro de forma sibilina -según dicen- para equilibrar la representación democrática de quien compone el Consejo, sea por la equivalencia de miembros políticos o nombrados políticamente, sea por su predominancia, a semejanza viable de lo que sucede con el Consejo Superior de la Magistratura, donde 8 miembros son magistrados y 9 elegidos por el poder político.

Es aquí donde el espectro también nos empieza a asombrar, el espectro de la regresión del Estado de Derecho democrático basado en la separación de poderes.

Y comienza con un equívoco remedio.

Si hay algún error de composición de los Consejos Superiores de la magistratura, ese error existe en la composición del Consejo Superior de la Magistratura. Es el que necesita ser afinado y no el Consejo Superior del Ministerio Público.

GRECO, órgano del Consejo de Europa en su recomendación VI del cuarto informe de evaluación en Portugal (2016), con el propósito de prevenir la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales, ha señalado que "El papel de los consejos judiciales como garantes de la independencia de los jueces y judiciales se ve reforzado, en particular, al establecer en la ley que no menos de la mitad de sus miembros son jueces elegidos por sus pares".

Lo mismo GRECO en su informe de 2018 sobre el cumplimiento de la evaluación realizada en el año 2016, ha criticado el hecho de que su recomendación VI no se han aplicado, a pesar de las promesas hechas por las autoridades portuguesas.

La Oficina del Relator Especial de la ONU de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Gabriela Knaul, en su informe de 2015 sobre Portugal, apoyó las preocupaciones de la Asociación Sindical de jueces portugueses en la composición de la SJC, que consiste principalmente de los miembros no electos por sus pares, y solicitó la adopción de un modelo de composición del CSM, teniendo en cuenta, por ejemplo, la recomendación de 2010 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que sugiere que al menos la mitad de los miembros del Consejo sean jueces elegidos por sus pares.

La Comisión de Venecia, a la que ya nos referimos, a propósito de los estándares internacionales del gobierno de los magistrados, ha llamado la atención y ha emitido recomendaciones o opiniones sobre la composición de los Consejos Superiores y sobre la presencia de miembros no magistrados. Sobre estos ha hecho varias veces notar que ni siquiera hay garantías que tengan formación jurídica, aunque tengan responsabilidades para decidir en procesos disciplinarios y otros que involucra la interpretación y la aplicación de la constitución y de las leyes.

No se percibe que algunos opinantes a la participación de la sociedad civil en los Consejos, quedando sin saber si pretenden que en ellos se representen los talhantes, los cazadores o los estigadores, entre otros hombres buenos, como si no fuera cierto que, en la práctica, los miembros no magistrados son siempre juristas de formación y en su mayoría abogados.

A este respecto, la misma Comisión de Venecia y el GRECO subrayan que estos miembros no magistrados pueden estar en los Consejos en tiempo Parcialun hecho no despreciable si tenemos en cuenta que, de hecho, estos miembros no magistrados quedan expuestos a toda jerarquía ya lazos profesionales que siguen preservando como intereses propios, que no tienen nada que ver con la función que ejercen en los Consejos en el sector privado, ya sea en el sector público, donde siguen recibiendo su salario y tienen que rendir cuentas, quedando en la dependencia de los intereses que los sostienen y emplean.

El conflicto de intereses es patente y añade las sospechas. Tanto las funciones en tiempo Parcial de los miembros no magistrados, en cuanto a la falta de una mayoría de magistrados en los Consejos están identificados por los organismos más representativos del CoE y la prevención de la corrupción como amenazas potenciales a la independencia del poder judicial.

Estas preocupaciones son bien analizados y se reflejan en la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Tribunal de Derechos Humanos en relación precisamente un caso contra Portugal, caso Nunes Ramos de Carvalho e Sá, en la que se discuten los parámetros básicos de la independencia judicial de la garantía y entre ellos el de que una mayoría de miembros de los Consejos judiciales deben ser elegidos por sus pares.

¿Cuál es, después de todo, la importancia de los Consejos Superiores, y de su composición mayoritaria por magistrados, en la garantía de la independencia de la justicia?

Los Consejos tienen una importancia decisiva en el nombramiento y la carrera de los magistrados, sea para su promoción, sea para su disciplina.

La carrera y disciplina de los magistrados tienen que estar cubiertas de cualquier influencia o control político, sea del poder ejecutivo, sea del poder legislativo. En la práctica, la traducción concreta de la independencia interna y externa, en lo que respecta a los jueces, y que, para el Ministerio Público, tiene la misma equivalencia en la autonomía interna y externa.

No se trata aquí de corporativismo o de anacronismo romántico, como dicen aquellos que pretenden ofuscar la discusión, al llamar salazar a esa resistencia a la sociedad civil ya la intervención de los partidos políticos en el nombramiento de los miembros de los Consejos.

Quien lo hace se olvida que fue con el Estado Nuevo y con Salazar, desde 1932, que el Consejo Superior Judicial fue transfigurado en una cámara de eco del poder del dictador, a través de su composición, en su totalidad, por miembros elegidos por el Gobierno, régimen que sólo se modificó en 1976, donde dejaron de existir miembros nombrados por el poder político.

En el caso de que el Consejo Superior del Ministerio Público, compuesto mayoritariamente por miembros no magistrados, podrá decidir sobre el nombramiento, carrera y disciplina de los magistrados del Ministerio Público?

De acuerdo con la propuesta de ley en discusión y en la que esta cuestión sobre la composición del CSMP se centra, el CSMP tiene la competencia disciplinaria y de gestión de los cuadros del Ministerio Público. Se le debe nombrar, colocar, transferir, exonerar, apreciar el mérito profesional, ejercer la acción disciplinaria sobre los magistrados del Ministerio Público. Le corresponde nombrar al Viceministro General de la República y proveer los puestos de Procuradores Generales Regionales. Se le debe aprobar el reglamento electoral, el reglamento interno de la PGR, el reglamento de inspección del Ministerio Público y demás reglamentos que le estén reservados aprobar. Se le debe aprobar la propuesta de presupuesto de la PGR. Se le debe deliberar y emitir directivas en materia de organización interna y de gestión de cuadros. Se le debe proponer al PGR la emisión de directivas a las que debe obedecer la actuación de los magistrados del Ministerio Público. Se le debe determinar la realización de averiguaciones, inspecciones, sindicatos, encuestas y procesos disciplinarios. Le corresponde aprobar el reglamento del DCIAP. Se le debe decidir sobre los criterios de movilidad de los magistrados (reasignación, asignación de procesos, acumulación, agregación y sustitución). Se le debe deliberar sobre el acceso a la Fiscal General Adjunto y nombrar a los miembros del jurado del concurso respectivo, que también regula. Se le debe deliberar sobre los movimientos de magistrados. Cabe nombrar al Director de los DIAP's y de los DIAP's distritales y deliberar sobre la provisión de puestos de fiscales de la república en los mismos DIAP's distritales. Se le debe deliberar sobre la provisión de puestos de magistrado del Ministerio Público coordinadores de comarca. Se le debe decidir sobre la provisión del puesto de director del DCIAP y de los Procuradores Generales Adjuntos y fiscales que desempeñen en él funciones. Se le debe deliberar sobre la provisión del puesto de director del departamento de contencioso del Estado e intereses colectivos y difusos y deliberar sobre la provisión de los puestos de los demás magistrados que allí vengan a ejercer funciones. Se le debe deliberar sobre la provisión de los puestos de director de los departamentos de tecnología e información, del departamento de cooperación judicial y de las relaciones internacionales y de las demás oficinas de coordinación nacional y nombrar quién los compone. Le corresponde aplicar medidas y sanciones disciplinarias. Se le debe ordenar la realización de averiguaciones sobre queja, participación o información que no constituya una violación manifiesta de los deberes de los magistrados del Ministerio Público.

Tales competencias estructurales en el funcionamiento del Ministerio Público transforman la composición del CSMP en una cuestión decisiva sobre las garantías de autonomía interna y de autonomía externa del Ministerio Público y de los respectivos magistrados.

Es por ello una discusión que no puede ser aligerada bajo la denominación de "controvertida", pues una nueva composición del CSMP que haga prevalecer la influencia del poder político o de quien lo representa por nombramiento, sólo asegura – contra todas las indicaciones fetopáticas lanzadas por las autoridades las instituciones internacionales, la efectiva malformación congénita del Estatuto del Ministerio Público, que el bloque central quiere hacer discutir y aprobar, con el riesgo de desestructurar el sistema constitucional del Estado de Derecho y de la separación de poderes.

Habrá siempre, por parte del poder político, incluso en democracia, la voluntad de condicionar la justicia, empezando por el Ministerio Público, por ser una magistratura de promoción e iniciativa.

Como ya dijimos en otra ocasión, es inútil tener un juez independiente en la jurisdicción penal si no existe un órgano también independiente que le requiere la aplicación de la ley penal de modo igual para todos. Pero para ser considerado autoridad judicial independiente no basta no basta al Ministerio Público la designación de autónomo. Es necesario el concurso de un conjunto de características que aseguren la prerrogativa. Para ser una magistratura creíble en el cumplimiento de sus atribuciones, constitucionales y legales, y para asegurar el acceso imparcial a la justicia, tiene que rechazar cualquier punto de equilibrio o de dependencia en relación al poder ejecutivo (los dos pilares – Gobierno y Presidente de la República) y en relación con el poder legislativo.

Garantizar la distancia efectiva hacia el poder político es condición para exigir al Ministerio Público responsabilidad y rendición de cuentas y es condición indispensable para conquistar confianza en la justicia, tratar de igual modo a todos los ciudadanos a los ojos de la ley democrática y preservar vínculos sociales. El Ministerio Público sólo debe fidelidad a la democracia, lealtad a la Constitución y al Derecho y servicio a los ciudadanos.

Para eludir las molestias que una justicia independiente promovida por el Ministerio Público puede causar, nada más evidente que controlar el modo en que se escogen los magistrados, cómo se colocan los magistrados en los lugares clave y cómo se pueden descartar.

Y para ello es fundamental controlar políticamente al Consejo Superior del Ministerio Público, que deja de ser el garante de su autonomía.

A este control se asocia todo el nuevo marco del Estatuto, que a la par del ya de sí crítico modelo constitucional de nombramiento político del PGR, viene a acentuar los deberes y las sanciones y la posibilidad de accionar el bordón disciplinario sobre la espalda de los fiscales, a la par de un sistema de consolidación de la confianza jerárquica en la ocupación de cargos, aspectos ya escrutados por el SMMP en su dictamen sobre la propuesta del nuevo Estatuto.

No menos importante que eso, la dirección de la investigación criminal, dados los poderes del CSMP en la provisión de los puestos para departamentos más representativos, quedará para siempre bajo la sospechosa de que acusar o no acusar, llevar a juicio o recurrir será una opción políticamente contaminada y no imparcial o integra, apartada de criterios de legalidad y de objetividad.

La posición institucional del Ministerio Público, si es un instrumento del poder político, no garantiza exención e imparcialidad de actuación y termina por condicionar la posición de independencia e imparcialidad de los propios tribunales, como la Comisión Constitucional señaló en el Dictamen nº 8/82 .

Se dice que no se quiere un Ministerio Público que a través del Estatuto defina objetivos preferenciales en atención a la calidad de los sujetos, en particular los titulares de cargos políticos o de altos cargos públicos en los crímenes de corrupción, recepción indebida de ventaja, tráfico de influencia, participación económica en negocio y prevaricación.

Para quien le gusta recordar a Camus, comprendemos que Camus decía que creía en la justicia pero que no la defendería si antes tuviera que defender a su madre. ¡Pero madre es madre! Sacrificar principios a otro tipo de parientes, afiliados o amigos políticos ya no parece acorde con quien tiene responsabilidades político-legislativas.

Se dirá que la cuestión de la composición del Consejo por una mayoría de no magistrados constituye la piedra de cierre del apetito por el control de la política criminal y por la presentación de los fiscales a ese control y manipulación, comprobando el movimiento de recuperación los poderes político-gobernadores en la investigación criminal, hasta ahora se asientan predominantemente en el condicionamiento de los medios, pero que también se ha evidenciado en los constantes ataques a su estatuto, a su independencia e inamovibilidad -y ahora también a los principios relativos a la composición de los consejos superiores-, para además de la reciente disminución de su remuneración, junto a la permanente austeridad y falta de recursos, en un cuadro de crecientes dificultades de acceso a la justicia.

Si la propuesta del bloque central pasa será una regresión democrática y el gobierno del Ministerio Público pasará a ser hecho por la administración del miedo sobre sus magistrados.

Pero también queda una advertencia sincera: Cuando algún caso extravasado de la judicatura al político, quien se esconde pragmáticamente de sus responsabilidades políticas invocando la autonomía del Ministerio Público, dejará de aprovecharse de ese subterfugio, pues la responsabilidad por los casos criminales será puramente política.

No hay ningún complejo de Cassandra en la evocación de todos los peligros.

En realidad, el espectro que asombra a Europa no necesita los métodos de Erdogan, Orban o Kaczyńsk.

Puede llegar de sorpresa y en pechugas de lana.

Secretario General del SMMP y representante del SMMP en Medel

Nacho Vega

Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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