Beijing reacciona a las sanciones de Estados Unidos y anuncia una medida similar contra 11 estadounidenses
En respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a 11 funcionarios de Hong Kong, China impuso medidas similares contra 11 ciudadanos estadounidenses el lunes.
Al clasificar la decisión de Washington como «comportamiento incorrecto», el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo durante una conferencia de prensa que los 11 estadounidenses objeto de las sanciones obraron mal en asuntos relacionados con Hong Kong.
Entre los objetivos se encuentran los senadores Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley y Pat Toomey y el representante Chris Smith, todos del Partido Republicano, al igual que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Miembros de organizaciones de derechos humanos también han sufrido sanciones, como Kenneth Roth, director de la ONG Human Rights Watch.
El régimen chino no dio detalles de las implicaciones de la decisión del lunes. Las sanciones impuestas por Estados Unidos el viernes (7) congelan los activos de los objetivos asiáticos en el país e impiden que los estadounidenses hagan negocios con ellos.
La medida de Washington llegó a la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, al jefe de la policía local, Chris Tang, a su predecesor Stephen Lo, al secretario de Seguridad del Territorio, John Lee Ka-chiu, y al secretario de Justicia. Teresa Cheng, entre otros nombres.
Hong Kong ha sido objeto de atención internacional desde que se aprobó la nueva ley de seguridad nacional en junio.
La nueva normativa permite la represión de cuatro tipos de delitos contra el Estado: subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, con penas que pueden llevar a cadena perpetua.
Beijing niega las acusaciones que ha recibido de la comunidad internacional. Los activistas a favor de la democracia, sin embargo, denuncian la interferencia del gobierno central de China sobre Hong Kong.
Hong Kong, una antigua colonia británica, quedó bajo el control de Beijing en 1997, en un acuerdo conocido como «un país, dos sistemas». En la práctica, esto significa que el territorio tiene autonomía en varias áreas, que incluye más libertad política y su propio sistema judicial, en relación con el resto de China.
Los activistas y los países occidentales, sin embargo, dicen que la nueva ley de seguridad amenaza exactamente esa autonomía.
Para Estados Unidos, las relaciones con el territorio se convirtieron en un nuevo frente en la Guerra Fría 2.0 contra el régimen de Xi Jinping. El país puso fin a la política de trato económico especial para la ex colonia británica y utiliza la situación de Hong Kong en el discurso contra el país asiático en el ámbito de los derechos humanos.
El territorio semiautónomo también ha sido escenario de protestas de activistas prodemocracia. En respuesta a los intentos de Beijing de fortalecer el control sobre la región, hubo grandes actos que se extendieron durante meses a lo largo de 2019.
El régimen chino cedió a algunas demandas, pero las manifestaciones empezaron a incluir nuevos temas. Las protestas se enfriaron cuando comenzó la pandemia de coronavirus, pero cobraron una nueva vida después de que se aprobó la nueva legislación.
La comunidad internacional también tomó una posición. Francia, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Alemania han roto acuerdos de extradición con Hong Kong. La principal justificación es la preocupación por la falta de independencia del territorio en relación con el régimen de Beijing.
La Unión Europea también ha adoptado un paquete de medidas para protestar contra la nueva ley.
El bloque decidió limitar la exportación de equipos y tecnologías que puedan ser utilizados por China para «represión interna, interceptación de comunicaciones o cibervigilancia» y anunció que no iniciará nuevas negociaciones con Hong Kong.
